El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este miércoles que las Fuerzas Armadas comenzarán el reclutamiento de 50.000 jóvenes para formar la Guardia Nacional. La organización de este grupo de seguridad todavía no ha sido autorizado por el Congreso mexicano, aunque el mandatario ha pedido a los legisladores que reformen la Constitución para dar un respaldo legal a la nueva institución. La creación de la Guardia Nacional ha encendido en las últimas semanas el debate en México sobre la pertinencia de que el Ejército y la Marina participen en las tareas de seguridad pública.
López Obrador ha explicado que solo en 2019 el Gobierno mexicano buscará reclutar a 21.170 personas para el nuevo cuerpo de seguridad y que el resto se integrarán en los siguientes dos años. Las Fuerzas Armadas han instalado 12 centros de reclutamiento, principalmente en el centro y sur del país, donde esperan recibir a jóvenes de entre 18 y 30 años. El secretario de Defensa, Luis Sandoval, ha detallado que algunos miembros del Ejército y la Marina ya han sido invitados a integrarse a la Guardia Nacional, pero que será esencial el ingreso de los jóvenes al cuerpo de seguridad.
“Los que van a pertenecer a la Guardia Nacional van a tener la misión de cuidar a los ciudadanos, de cuidarnos a todos, de darnos seguridad. Y es un trabajo muy digno, honroso”, dijo el presidente mexicano en la presentación de la convocatoria. Los miembros de la Guardia Nacional, explicó, recibirán formación para atender a la población además de la preparación a la que usualmente se someten los miembros del Ejército. El Gobierno ha garantizado que ofrecerá sueldos competitivos, así como seguro de vida, servicio médico familiar y prestaciones laborales similares a las de las Fuerzas Armadas. El anuncio ha sido acompañado de un vídeo en el que se muestra un supuesto centro de adiestramiento en el que los reclutas visten un uniforme gris con las iniciales GN bordadas.
La discusión sobre el futuro de la Guardia Nacional está pendiente en el Congreso. Los legisladores comenzaron en diciembre el debate sobre la propuesta de López Obrador, pero ante la premura por aprobar los Presupuesto de 2019 postergaron la decisión para enero. La iniciativa ha encontrado resistencia en las mismas filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente. La diputada Tatiana Clouthier —que dirigió la campaña presidencial de López Obrador— cuestionó que la propuesta haga permanente el papel del Ejército en las calles y que concentre todo el poder de decisión sobre sus acciones en el Ejecutivo, sin considerar contrapesos de otros poderes. “Sí, quiero una Guardia Nacional, no la quiero como la están planteando”, ha dicho. La oposición ha cuestionado que el presidente anuncie el reclutamiento para una institución que todavía no está creada. “En ninguna parte de lo presentado en la Guardia Nacional hay un plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas que no les corresponden, no hay tampoco fortalecimiento de capacidades locales, y tampoco se busca fortalecer fuerzas civiles”, ha señalado la diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle.
Para financiar la Guardia Nacional en 2019, López Obrador ha asegurado que al menos 2.500 millones de pesos (127 millones de dólares) del presupuesto de Defensa servirá para pagar los sueldos de sus primeros integrantes. En los Presupuestos de 2019, los recursos no habían sido asignados al cuerpo de seguridad debido a que aún no está legalmente establecido. El diputado de Morena Mario Delgado ha explicado que los recursos pueden asignarse a esta tarea una vez que el Congreso autorice la creación de la Guardia Nacional. La Secretaría de Defensa obtuvo un 11,3% más de recursos que en 2017, para el primer año de Gobierno de López Obrador.
Los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron duramente criticados por fortalecer el papel de las Fuerzas Armadas para combatir la violencia en México. Desde que Calderón sacó hace más de una década al Ejército de los cuarteles, comenzó una lucha contra el crimen organizado que ha dejado más de 200.000 muertos y miles de desaparecidos. Peña Nieto planteó la Ley de Seguridad Interior para legitimar el uso de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad pública y aunque fue aprobada por el Congreso, el Supremo decidió que era inconstitucional en noviembre. El plan de López Obrador busca relevar el desempeño de la Policía Federal y las policías locales, altamente corrompidas por los grupos criminales, por la de la Guardia Nacional, a pesar de las dudas sobre el desempeño de las Fuerza Armadas en cuanto al respeto de los derechos humanos.