El Gobierno federal redujo al menor nivel posible su presencia en la toma de posesión de Nicolás Maduro para un nuevo periodo como presidente de Venezuela, al designar como representante al encargado de Negocios de la embajada de México en el país sudamericano, Juan Manuel Nungaray.
El gobierno bolivariano fue notificado de lo anterior mediante una carta que ni siquiera fue firmada por el canciller, Marcelo Ebrard, sino por el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.
“Debido a la celebración de la XXX Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de México, que se llevará a cabo del 7 al 11 de enero, y que presidirá el canciller Marcelo Ebrard, se ha designado al ministro Juan Manuel Nungaray, encargado de Negocios de la embajada de México en Venezuela, para asistir en representación del gobierno a dicha ceremonia”, se lee en la misiva.
Este desdén a la toma de posesión de Maduro se dio en medio de las críticas por la decisión de México de no suscribir la declaración del Grupo de Lima, que pide a Maduro no tomar posesión.
La carta fue firmada el pasado 4 de enero, mismo día que fue suscrita la declaración del Grupo de Lima. Aunque se desconoce si fue entregada ese mismo día o posteriormente, pues apenas ayer se hizo pública.
El pasado 1 de diciembre, Nicolás Maduro acudió a la investidura de Andrés Manuel López Obrador, lo que generó controversia por parte de partidos, intelectuales y sociedad civil.
Sin embargo, a la toma de protesta del mandatario venezolano no acudirá López Obrador y tampoco enviará a un funcionario de alto nivel en su representación.
Oficialmente, el Estado mexicano aún tiene embajadora ante el gobierno de Venezuela, aunque en los hechos quien está al frente de la representación en Caracas es el encargado de Negocios.
El pasado 21 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores llamó a consultas a la embajadora de México en Venezuela, Eréndira Paz Campos, luego de desconocer las elecciones en las que Maduro resultó reelecto como Presidente de ese país.
México no retiró a la embajadora, pero el hecho de llamarla a consultas y el desconocer el proceso electoral de Venezuela representó un enfriamiento en la relación bilateral.
Un año antes, en junio de 2017, el Gobierno mexicano anunció que se sumaba a las sanciones económicas impuestas a Venezuela por Estados Unidos, pero nunca se especificó de qué manera lo haría.