Son pueblos de casas bajas, rodeados de cerros chatos y alguna montaña. Calles empedradas carentes de personalidad: 3 poniente, 2 norte, 5 sur. En el centro, una plaza ajardinada, una iglesia, una venta de tacos. La música banda que escapa de los parlantes de una zapatería, el polvo, la sequedad. Los municipios de la franja huachicolera lucen idénticos a tantos otros en México… Nadie que no viva aquí pensaría que este pedazo de tierra es el refugio de decenas de ladrones de gasolina; que es, visto lo visto, un polvorín. Por lo menos hasta ayer, hasta que todo el país supo del enfrentamiento, de los muertos.

Este miércoles, una banda de ladrones de combustible se enfrentó al Ejército en Palmarito, un poblado del Estado de Puebla, a dos horas y media de la Ciudad de México. Desde la tarde del miércoles hasta la mañana siguiente, unos y otros trataron de someterse a balazos. Cuatro militares perdieron la vida, igual que seis civiles. Otros tantos acabaron en el hospital. Pobladores y huachicoleros bloquearon más tarde la carretera que comunica Puebla con Veracruz. Prendieron fuego a unos neumáticos y rechazaron moverse hasta que no soltaran a cada uno de los 14 detenidos. Al final de la tarde, cedieron.

Es la agresión más grave que han perpetrado los huachicoleros hasta la fecha. Supera en espectacularidad al secuestro y el asesinato de los tres agentes de la policía estatal de Puebla, en marzo pasado. Trasciende al descaro de los pobladores –o huachicoleros, o ambas cosas– que retuvieron durante horas y desarmaron a cuatro militares en enero. Todo eso ha ocurrido en la franja. O en el llamado triángulo rojo. Son pueblos parecidos que comparten una riqueza subterránea, una maldición, los millones de litros de carburante que un oleoducto conduce de las plantas costeras al centro del país.

El robo masivo de combustible en México es un fenómeno relativamente reciente. En el año 2000, la empresa paraestatal de combustibles, Pemex, detectó 15 tomas clandestinas del oleoducto en esta zona. El año pasado fueron 1533, todo un récord para Puebla y para el país entero. El triángulo rojo comprende seis pueblos, situados a los lados de 70 kilómetros de autopista: sobre el mapa, parece una Gran Bretaña en miniatura. Los huachicoleros han convertido una actividad marginal, de ambiente familiar, en un negocio parecido al tráfico de drogas, migrantes o armas. En poco tiempo surgieron bandas y adoptaron costumbres del mundo del hampa. Hasta el golpe que sufrieron hace unas semanas, la más grande se hacía llamar Los Buchanan’s, por la marca de güisqui.

El fiscal estatal explicaba la tarde de este jueves que lo que pasó la noche anterior es producto del movimiento de las bandas. La justicia detuvo hace unas semanas a 87 personas, involucradas presuntamente en el asesinato de los tres agentes estatales en marzo. Así, explicaba el propio fiscal semanas atrás, se acababa prácticamente con Los Buchanan’s. Solo faltaría el jefe, huido. Otro grupo, liderado por alias Toñín, estaría tratando de entrar en Palmarito, Palmar Bravo y la zona que colinda con el Estado de Veracruz. De ahí su virulencia, la agresividad con que defendían la plaza.

En una columna escrita hace mes y medio, Alejandro Hope, experto en temas de seguridad, citaba a un analista de temas de energía, que calculaba que Pemex ha perdido 8.000 millones de dólares por el huachicoleo entre 2009 y 2016. Los ladrones, chupaductos, obtienen su producto muy barato y lo venden a un precio inaccesible para las gasolineras. Es un negocio altamente rentable. No tienen que cultivar, cosechar o procesar nada. Agujerean el oleoducto, llenan sus tanques y venden a mayoristas y particulares.

Por eso, a Alejandro Hope no le extraña la agresividad del ataque del miércoles, más teniendo en cuenta los antecedentes. “En otra ocasión, agarraron a balazos a unos Gendarmes. Habían matado a regidores y amenazado a alcaldes, disparado a civiles desarmados en un partido de béisbol… Menos extremos, pero graves de cualquier modo”.

En la columna que escribió en marzo, Hope concluye que la llegada hace unas semanas de 500 militares no será suficiente. Hacen falta, decía, controles más severos en gasolineras –para que no compren combustible robado-, dificultar el acceso al ducto –para que no se pueda agujerear con un simple taladro- y erradicar la corrupción de la propia Pemex.

La tarde de este jueves, un reportero del triángulo rojo decía que precisamente quienes empezaron todo fueron trabajadores de Pemex hace años. Prefiere que su nombre no aparezca por seguridad y recuerda con exactitud la cantidad que pedían los trabajadores de la paraestatal para abrirle un agujero a la tubería. “Ellos llegaban, hacían el agujero, ponían la válvula y ya. Todo eso lo hacían por 250.000 pesos”. 12.000 dólares.