Las modificaciones centrales establecen que la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de Seguridad, que será la encargada de diseñar las políticas y programas, y la Sedena y la Marina las implementarán.
Con 348 votos a favor, 108 en contra y cuatro abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, la reforma constitucional para la nueva Guardia Nacional.
Luego de casi nueve horas de discusión, el documento fue avalado con la necesaria "mayoría calificada" y concluyó así el trámite en San Lázaro.
El dictamen se turnó al Senado de la República, donde este mismo jueves se discutirá.
Con lo anterior se avalaron los artículos 13, 16, 21, 73, 76, 82 y 89, así como los transitorios Primero, Segundo, Tercero y Cuarto.
Horas antes, los diputados habían aprobado el dictamen, en lo general, con 362 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones.
Los cambios aprobados lograron la necesaria “mayoría calificada” de las dos terceras partes de los legisladores presentes en el recinto legislativo.
El documento propone un mando “mixto” o “combinado” entre civiles y militares, en el nuevo cuerpo policial, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para combatir la inseguridad.
Las modificaciones centrales establecen que la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de Seguridad, que será la encargada de diseñar las políticas y programas, y la Sedena y la Marina las implementarán.
Para ello se plantea que “La ley determinará la estructura orgánica de la Guardia Nacional, adscrita a la secretaría del ramo de seguridad, y tendrá una Junta de Jefes de Estado Mayor, compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad, Defensa y Marina”.
Se añade que “será la Secretaría de Seguridad la que formulará el programa nacional en la materia, así como los programas operativos, políticas, estrategias y acciones”.
Propone “amalgamar un carácter civil de una Guardia Nacional como institucional policial con funciones de seguridad pública, bajo programación y dirección civil, con un esquema de organización interna que responda a los rasgos más sobresalientes del régimen castrense”.
Para lograr el consenso principalmente con el PRI, Morena planteó una “adenda” de modificaciones que contempla seis puntos centrales: se establece una Dirección Central de carácter civil; se dejan intocadas las competencias federal, de los estados y de los municipios en materia de seguridad pública.
Se fortalecen los mecanismos de colaboración entre los tres niveles de gobierno; crea una ruta para el fortalecimiento de los cuerpos policiacos; se crea una Guardia con formación y capacitación de policías para el uso de la fuerza, en derechos humanos y en materia de género, y se crean mecanismos de control político y jurisdiccional para la evaluación de su desempeño, a través del Senado.
Se agregó también al dictamen que “los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional en el ejercicio de las funciones de la misma serán conocidos por la autoridad civil competente, en tanto que las faltas y delitos contra la disciplina militar serán conocidas por las autoridades y tribunales militares que correspondan”.
Además, “los detenidos deberán ser puestos a disposición en instalaciones de las autoridades civiles que correspondan”. Y destaca que dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes que reglamenten el uso legítimo de la fuerza y el registro nacional de detenciones”.
Algunos cambios a la minuta
*Se establece un mando de carácter civil, por estar adscrita a la Secretaría de Seguridad, pero se aclara que esta dependencia será la encargada de diseñar las políticas y programas, y la Sedena y la Marina las operarán.
* Se propone una Junta de Jefes de Estado Mayor, compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad.
*Se dejan intocadas las competencias federal, de los estados y de los municipios en materia de seguridad pública.
*Se fortalecen los mecanismos de colaboración entre los tres niveles de gobierno.
*Se crea “una ruta” para el fortalecimiento de los cuerpos policiacos estatales y municipales.
*Se contempla una Guardia con formación y capacitación de policías para el uso de la fuerza, en derechos humanos y en materia de género.
*Se crean mecanismos de control político y jurisdiccional para la evaluación de su desempeño, a través del Senado de la República.
*Se precisa en el dictamen que los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional serán conocidos por la autoridad civil competente.
*Se anota que los detenidos por integrantes de la Guardia Nacional deberán ser puestos a disposición en instalaciones de las autoridades civiles que correspondan.
*Se ordena que en los 120 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes que reglamenten el uso legítimo de la fuerza y del registro nacional de detenciones.
Ámbito:
Nacional
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