A partir de esta semana, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, tomará la declaración de funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), del Ejército mexicano y de la Policía Federal, así como de autoridades estatales y municipales de Tlahuelilpan, Hidalgo, por la explosión ocurrida la tarde-noche del pasado viernes en el ducto Tuxpan-Tula, con el objetivo de dejar en claro la cronología de la tragedia y el actuar de las diversas instituciones sobre las tareas emprendidas antes, durante y después del incendio, además de buscar los indicios de la participación de la delincuencia organizada.
“La cronología de los hechos tiene que quedar absolutamente clara y precisa, para eso vamos a llamar a todas las autoridades que intervinieron para que declaren en la averiguación, para que tengamos perfectamente claro qué fue lo que pasó, porque ese aspecto cronológico genera dudas (que se disiparán) conociendo quién actuó, a qué hora y cómo fue, y para eso hay que levantar las actas correspondientes de las testimoniales”, señaló en su primera conferencia de prensa como Fiscal General de la República, nombrado por el Senado el pasado viernes.
Gertz Manero precisó que las investigaciones en las que se centró su dependencia el pasado domingo, a través de la Policía Federal Ministerial, está ubicar a los presuntos responsables de la perforación “intencional” —así lo ha considerado desde el sábado pasado frente al Presidente de México— del ducto Tuxpan-Tula.
En el parte ofrecido a los medios de comunicación, el Fiscal General estuvo acompañado de funcionarios responsables de áreas como la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a cargo de Luis Carranza, quien informó que “desde el día de la explosión colabora en conjunto con la Subprocuraduría de Control Regional, a efecto de obtener datos que puedan vincular estos hechos con estructuras criminales o con algún miembro de la delincuencia organizada”.
“El desarrollo del delito fue provocado por algún grupo criminal (y se trata de) establecer este tipo de responsabilidad, y ver si de motu proprio las personas que se encontraban en el lugar actuaron de manera individual”, dijo Luis Carranza.
En tanto, el subprocurador de Control Regional, Andrés Ochoa Romero, informó que en la búsqueda y obtención de testimoniales, la Policía Federal Ministerial tiene, hasta el cierre de esta edición, 12 entrevistas, pues “se está ubicando a todo aquel que dentro de las autoridades municipales, estatales o federales quiera dar alguna información para identificar a quienes originalmente hayan realizado la perforación en el ducto, lo que se hará público en las próximas horas”, precisó el funcionario de la FGR.
Ochoa Romero informó que, de manera inmediata, el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó una investigación concienzuda, profunda y específica a la representación de la Policía Federal Ministerial.
Por ahora, “las distintas pruebas que se están construyendo en el ámbito de lo pericial tienen que ver con fotografía forense, criminalística de campo, ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos y delitos ambientales, con el fin también de localizar a las personas que aún no son ubicadas por sus familiares.
De acuerdo con versiones de elementos de la PF que estuvieron en lugar, al menos 150 personas habrían sido consumidas por el fuego en la trágica explosión.
Sobre la identificación de cuerpos que aún no se ha podido establecer, el funcionario federal señaló que es tarea que corresponde a los peritos.
En el ducto se encontraban alrededor de 800 personas llevándose en bidones, garrafas y hasta cubetas gasolina de alto octanaje, conforme a información del propio Ejército mexicano.
En torno a tres cuerpos hallados de presuntos líderes de huachicol, en las horas posteriores a la explosión en Tlahuelilpan, Gertz Manero no descartó que los homicidios tengan relación con esta tragedia.
Asimismo, descartó hablar del número de denuncias recibidas en torno al líder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps.
Gertz Manero consideró que no es momento para “maltratar a las víctimas (sobre alguna posible responsabilidad en la extracción de gasolina), aunque eso no significa que no vayamos hasta donde tengamos que ir, pero hacer esas cosas (acusarlas), no me parece humanamente razonable”.
Sobre la extinción de dominio, el Fiscal General aclaró que el Ministerio Público deber tener muy clara la vinculación para abrir una investigación sobre los casos donde haya una relación entre las propiedades, los inmuebles y el delito del robo de hidrocarburos, que se castiga hasta con 30 años de prisión.