LA JORNADA: Abre juez vía para que la ONU revise desapariciones

En una decisión considerada inédita, un juez de distrito en materia administrativa ordenó al Estado mexicano concluir los procedimientos para reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (Comité CED) con el fin de recibir y examinar comunicaciones individuales por ese delito. Esto abre las puertas para que miles de familias de víctimas de desaparición en el país accedan a la verdad y la justicia.

Al otorgar un amparo a la familia Trujillo Herrera –cuatro de cuyos integrantes fueron víctimas de desaparición–, el juzgador subrayó que las autoridades federales fueron omisas para llevar a cabo los procesos que permitan la admisión de la competencia del Comité CED, lo que vulnera el derecho de las víctimas a acudir a instancias internacionales como un recurso más para acabar con la impunidad en este delito, entorpeciendo así sus garantías fundamentales.

El 18 de marzo de 2008 México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Ciptpdf), la cual entró en vigor a escala global en diciembre de 2010, aunque nuestro país dejó pendiente el reconocimiento del artículo 31, referente a la atención a casos individuales. Pese a los llamados del Comité CED para que se acepte dicha competencia, a principios de 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto lo rechazó argumentando que para hacerlo era necesario un proceso sustantivo que involucra la opinión de un gran número de instituciones relevantes, y que continúa bajo consideración.

Diversas instancias, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exigieron al gobierno anterior reconocer la competencia de este comité.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –organización que ha acompañado a la familia Trujillo Herrera–, exhortó al nuevo gobierno federal, en particular al presidente Andrés Manuel López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard Casaubón, a cumplir con la sentencia judicial.

Mensaje negativo

Este amparo, agregó, “representa un ejercicio inédito de judicialización de la política exterior en materia de derechos humanos. Es la primera vez en el país que un juez señala que la negativa (para aceptar la competencia de un organismo multilateral) es inadecuada porque viola el derecho a la protección de las víctimas. Si el gobierno impugna el fallo –como es posible–, enviaría un mensaje negativo. La nueva administración ha reconocido la crisis en materia de derechos humanos, a diferencia del anterior sexenio que la ocultaba, matizaba y negaba”.

Ante la falta de acceso a la justicia, el 13 de marzo del año pasado María Herrera Magdaleno y Juan Carlos Trujillo Herrera, madre y hermano de Raúl, Salvador, Luis Armando y Gustavo –los dos primeros desaparecidos en agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y los otros dos en Poza Rica, Veracruz, en septiembre de 2010– presentaron un amparo ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa con sede en Ciudad de México.

Hace unos días, el juez decidió otorgar la protección de la justicia federal a los quejosos y dio un plazo de 60 días naturales a las nuevas autoridades federales para finalizar los procedimientos de reconocimiento de la competencia del Comité CED.

Martín Adolfo Santos Pérez, titular del juzgado, reconoció en la sentencia la extrema gravedad de la desaparición forzada, que constituye un delito, y en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad, y por ello atenta de manera directa contra los derechos humanos, pues el objetivo de la Ciptpdf es prevenir las desapariciones forzadas y luchar contra la impunidad en lo que respecta a las mismas.

Destacó que datos oficiales muestran (a abril de 2018) que en México hay 34 mil 656 personas desaparecidas, lo cual evidencia que (el tema) no es un problema menor en nuestro país. Además que la Ciptpdf constituye una garantía para la protección de los derechos humanos violados por la desaparición forzada.