México ha vuelto a demostrar que sus políticas anticorrupción son ineficaces. El país norteamericano ha caído tres puestos en el Índice global de Percepción de la Corrupción de 2018, el último año de la Administración de Enrique Peña Nieto, al posicionarse en el número 138 de 180 países evaluados. Con ese resultado, se sitúa por debajo de todos los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y al final de la lista del grupo de la región. 

Un sistema anticorrupción que nunca fue puesto en marcha correctamente, la incapacidad para sancionar a los responsables, los bajos resultados en la recuperación de activos robados y la falta de reparación del daño a las víctimas son algunas de las causas del bajo resultado del registro de la organización Transparencia Internacional. La inexistencia de una Fiscalía General completamente independiente del poder Ejecutivo ha sido también clave en la puntuación obtenida. En la edición de 2018, México ha acumulado 28 puntos en una escala en la que 0 es lo más corrupto y 100, lo menos.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto había conseguido en 2017 posicionarse en el lugar 135, pero la percepción de la lucha contra la corrupción mexicana ya caía en picado. Con este nuevo informe, México vuelve a hundirse por cuarto año consecutivo. El país ha fracasado en desmantelar las redes de corrupción política y social detectadas, según señala la oficina mexicana de la organización este martes en un comunicado. Además, la mayoría de las disposiciones adoptadas son "de carácter preventivo" y muchas resultaron ineficaces, resalta.

“Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario público”, asegura el director de la oficina de Transparencia Internacional en México, Eduardo Bohórquez, en relación con la impunidad que impera en la Justicia mexicana.

El nuevo informe deja a México como el último país de la OCDE, por detrás de Hungría o Grecia, que han tenido que enfrentar en años recientes graves problemas de gobernabilidad y viabilidad económica. También lo posiciona mal en la región, por detrás de Brasil o Argentina, que han tenido que encarar en el último tiempo grandes casos judiciales como el de Lava Jato o los cuadernos de la corrupción, respectivamente. Apenas se ha podido acomodar por encima de países como Nicaragua o Guatemala, que afrontan actualmente profundas crisis políticas. 

La organización internacional señala también que los escándalos de corrupción que sacudieron al sexenio de Peña Nieto, como el caso del exgobernador Javier Duarte en Veracruz o el de expresidente del Partido Revolucionario Institucional Humberto Moreira, han contribuido considerablemente a dañar la imagen del país. Como también lo hizo la falta de libertad de prensa, marcada por los homicidios a periodistas, otro de los puntos débiles del ex jefe de Estado. "Sin una prensa libre que vigile al Gobierno, la habilidad para prevenir y denunciar la corrupción está limitada", asegura el informe.  

A pesar del resultado, el estudio rescata que el apoyo social a favor de la lucha contra la corrupción ha crecido en el último tiempo en México. "Además de las movilizaciones cívicas de 2016 que condujeron a un conjunto de reformas anticorrupción, la sociedad mexicana se manifestó también a través de las urnas en la elección de 2018", apunta el comunicado acerca del viraje político que tomó el país tras los últimos comicios que dieron a Andrés Manuel López Obrador la presidencia.

Para cambiar el rumbo que trae hace cuatro años, México tendrá un gran trabajo por delante. "El reto es mayúsculo, pues queda claro que el grueso de las medidas preventivas de la última década han funcionado de manera parcial y que en materia de detección, investigación, sanción, reparación de daños y recuperación de activos los resultados son prácticamente nulos", señala la organización.

Entre las tareas que aconseja el informe a López Obrador para revertir el resultado está la de desmantelar las redes delictivas que han corrompido las instituciones públicas y han producido el desvío de recursos. Un desafío importante para el presidente que ofreció el perdón a los involucrados en casos de corrupción previos a su Administración.