Los llamados precios de garantía para productores del campo son subsidios modernos y progresivos, que atienden las variables del mercado y recogen experiencias internacionales, señala en entrevista con Crónica Ignacio Ovalle, titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado en este sexenio. El nombre, “precio de garantía”, es el mismo que se usó hace 40 años, comenta, pero éstos, los del gobierno amlista “son otra cosa, no son los de Conasupo o los del Sistema Nacional Alimentario y eso hay que aclararlo”. Están pensados para regular el mercado agrícola en unos casos, mirando que el productor más pobre logre beneficios de su cosecha; en granos como el arroz o el trigo panificable, buscarán aumentar la producción. En ningún caso serán apoyos asistencialistas, y de allí que Liconsa y Diconsa, bajo la tutela de Segalmex, estarán sectorizados a la Secretaría de Agricultura y no a la de Bienestar.
Maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche están en el centro de esta estrategia. Cada uno de estos productos tendrá su precio de garantía y un límite máximo de compra por cada productor, y límite de hectáreas en propiedad para el caso de los granos (ver gráfico).
Ovalle recibe en sus oficinas de Insurgentes Sur a Crónica; en los minutos previos a la entrevista, el funcionario federal gira instrucciones a sus colaboradores: “Hay que considerar el mapa productivo del país, no el político”, dice en relación con interlocutores que deben participar en unos encuentros. Luego ordena sentarse con productores que están haciendo diferentes planteamientos. Ese es el campo que se percibe en la charla con Ovalle: un México dividido en regiones según tipo de producción y necesidad de dialogar con los hombres y mujeres del sector. Asume su tarea con seguridad, habla entre documentos y tablas que elige con soltura para apoyar sus dichos. Y no le falta el buen humor, lleva años trabajando el tema, pero es obvio que aún le apasiona su labor.
Ovalle estuvo involucrado en estos temas hace décadas. Se encontró allí cuando se implementó el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) y cuando Conasupo vivió sus últimos años. En los instantes previos a iniciar la entrevista, realizada el viernes, arriba el oficio de designación oficial firmado por López Obrador. Ovalle es desde ese instante el titular de Segalmex.
Ésta es la entrevista:
—Se ha señalado que el nuevo gobierno tiene propensión a subsidios generalizados, que los precios de garantía beneficiarían a quienes necesitan los apoyos, pero también a quienes no lo requieren…
—No vamos a comprar a todos y no vamos a comprar todas las cosechas. Quizás una denominación diferente a “precio de garantía” hubiera sido buena. La principal diferencia con los antiguos precios de garantía es que no compramos a todos los productores; por ejemplo, en el caso del maíz, no compramos a los productores más exitosos. Ellos son productores de lo que debemos estar orgullosos, pero esto está pensado para los más necesitados.
Lo beneficiarios le llaman siempre precios de garantía y cuando se quiere cambiar la costumbre de la gente para un hábito, de consumo o lingüístico, cuesta mucho trabajo. Yo hubiera preferido llamarles “precios de estímulo”, pero en cualquier caso no son iguales a los viejos precios de garantía. Me resigné a someterme a la vieja máxima que reza que “cuando al mediodía el pueblo dice que es de noche, es hora de prender las farolas”. En lugar de luchar contra la inercia, los llamamos precios de garantía, pero explicamos qué son.
En resumen, estos subsidios no son para todos los productores, como lo eran los antiguos precios de garantía, y tampoco son para comprar la totalidad de las cosechas como se hacía antes. Son un instrumento regulador en los precios de los productos agrícolas.
Se buscan dos objetivos: ayudar a la gente más necesitada y por otro lado, tener menos dependencia exterior de alimentos básicos.
Y sobre si va a durar todo el sexenio, por supuesto que sí, pero no forzosamente con estas cifras, en algunos casos se incrementará, en otros permanecerá estable. Pero de que van a estar van a estar como un estímulo a los productos.
—El proyecto actual sí considera el mercado, ¿es un acto de gobierno a la vieja usanza?
—Es una mezcla inteligente y contemporánea de lo que el mundo está encontrando como soluciones; una mezcla cuidadosa, no caprichosa, de la intervención del Estado y del mercado.
Vamos a comprar a precios de garantía, pero vendemos a precios del mercado, lo que quiere decir que estamos cuidando que no se incremente el precio al consumidor y que el subsidio vaya nada más al productor, que esto lo soporte el Gobierno con su presupuesto, pero sin castigar al consumidor.
Digo que esas fórmulas de intervención del Estado y mercado funcionan, y pensamos en China, que está gobernada por el Partido Comunista y en comercio exterior es el país más capitalista del planeta. Internamente están tratando de hacer salir de la pobreza a sus zonas más olvidadas. En Estados Unidos y Europa subsidian a sus productores agrícolas… En México a veces queremos ser más papistas que el Papa, se anuncia un subsidio, un precio de garantía y se origina una escandalera por parte de grupos conservadores que quisieran que de eso ni se hablara. Por eso es importante decir que no es cualquier subsidio, sino dirigidos para obtener resultados específicos y focalizados.
Nuestro objetivo no es sólo atender a la población más necesitada del país, sino no ser tan dependientes de las importaciones de productos básicos: elevar la producción.
—¿Cómo definieron los precios y los límites de compra por productor?
—Hay estudios muy cuidadosos respecto a la cantidad de productores y el costo de producción que deben enfrentar. Con base en eso se buscó un incremento en el precio de compra que fuera realmente atractivo. Si en este momento van a Zacatecas, Durango y Chihuahua, que es donde se está dando la cosecha de frijol, y preguntasen si es bueno o no el precio de garantía que estamos ofreciendo, todos allá van a decir que es muy atractivo.
Hay por supuesto, para poner un ejemplo, frijoles como algunos de Nayarit o Sinaloa, las variedades azufradas, variedades muy finas, muy codiciadas, que están por arriba del precio de garantía. Ésos van al mercado, pero incluso si alguien quiere abusar de esos productores y pagarles a 8 mil a 10 mil pesos por tonelada, entonces el precio de nosotros resultará atractivo: los 14 mil 500.
—Se establecen máximos de hectáreas en propiedad del productor para recibir el beneficio y límite de toneladas que se le comprarán, ¿y otras variables propias del mercado?
—Estos precios de garantía no son fijos. Cada año, según las señales que nos manda el mercado, puede quedarse el mismo precio, pero eventualmente puede modificarse. Los precios de los productos agrícolas son, como le llaman en el mundo comercial, commodities, tienen precios equivalentes en el mundo y tenemos que estar atento a eso, porque a veces al productor mexicano se le ha castigado al hacer importaciones de un producto cuando no se le necesita, como es el caso del trigo panificable o el arroz.
Se respetan las reglas del mercado, vendemos a precio de mercado, no compramos la totalidad de las cosechas, compramos sólo una parte que ejerce una función reguladora y lo que no entra en este esquema sigue operando en libre mercado; no hay una decisión autoritaria, precios controlados o cosas de ese tipo.
—¿Qué nos diría del caso de la leche?
—En cuanto a la leche pasamos a ser proveedores no sólo preferentes sino exclusivos del gobierno, (en) cualquier lugar donde se consuma leche infantil como comedores, guarderías, hospitales, etcétera, la leche que se entrega es Liconsa, que es de la más alta calidad.
¿Qué ocurrió allí en las compras gubernamentales? Que sólo con saber que íbamos a intervenir en ese mercado con más energía, las proveedoras privados, que no les va a faltar mercado, bajaron sus precios. Ahora representamos un efecto positivo múltiple. Al gobierno le ahorramos dinero, beneficiamos al lechero y obtenemos una pequeña ganancia que tenemos que tener para extender la cobertura. Todos ganan, no hay un ente perdedor y estamos ayudando a regular un precio.
Uno se pregunta adónde se iba el sobreprecio que antes tenía la leche; no lo sé. Podemos pensar bien o mal, que tenían mucha más utilidad los productores, para sus fines para la planta industrial o para los placeres de la vida, pero nosotros lo utilizaremos para extender la cobertura social.
Un dato: en las tiendas Diconsa, la leche que se ofrecía no era Liconsa. Se tienen que armonizar las políticas de las dos empresas.
—Durante la plática previa a esta entrevista, fue notorio que no llama “coyotes” a los acopiadores de granos o de leche, los que compraban a pie de parcela o establo el producto a bajo precio…
—En el campo les llaman así, pero a mí no me gusta hacerlo y diré por qué: esos personajes, se quiera o no, han cumplido una función social que es la de transportista. El problema era que se beneficiaban más que el productor. El productor se quedaba esperando algún beneficio incluso cuando existían los viejos precios de garantía generalizados, porque el que acopiaba era el que lo cobraba. Yo no voy a decir “malvados personajes”, pues de eso vivían, el problema derivaba del tipo de política que se aplicaba. Ahora estamos aplicando otra que nos da resultados.
Los acopiadores cubrían una deficiencia de política social. En esto, como en casi cualquier otra cosa de la vida, no hay vacíos, porque se llenan y si había un vacío en la política social el acopiador lo cubría. Por eso en el caso de los productores pobres, vamos a dar el flete para que puedan traer el producto.
Estamos aplicando una política que da resultado. Únicamente compramos a quien lo necesita y no tiene más de 5 hectáreas en el caso del maíz, y no más de 20 toneladas. Le daremos el traslado del grano… es un esquema redondo.
El acopiador ahora va a ser transportista o encontrará otra actividad.
Finalmente, Ovalle habla de algo que ha despertado mucho interés. Los registros y los pagos electrónicos permiten que el productor se vaya con el dinero de su cosecha, pagada a precio de garantía, el mismo día en que entregó el producto. Toda una novedad para un campo acostumbrado a los pagos diferidos, en ocasiones un mes completo.
