El Gobierno busca ganar tiempo con cancelación de contratos del NAIM para armar estrategia y tener una buena negociación con las empresas.
Abogados advierten que le va a generar costos adicionales en la medida en que se lleve más tiempo para cancelar los contratos.
El mes pasado, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), a cargo del proyecto, dio a conocer que había liquidado 10 de los 450 contratos del proyecto, pero también aclaró que se habían entregado suspensiones.
Evidentemente con la suspensión, la Administración federal pretende ganar tiempo para poder negociar con las empresas y perder lo menos posible en cuanto a recursos económicos, dijo José Óscar Valdez, abogado experto en derecho constitucionalista.
"Literalmente están ganando tiempo mientras resuelven cómo ir cerrando los frentes", comentó.
La decisión de suspender temporalmente la construcción de las obras del NAIM se basa en que la cancelación no es tan sencilla como esperaba, ya que las empresas pedirán pagos no nada más por los gastos, también por los perjuicios generados por esto, abundó.
La semana pasada, el GACM, administrador de la Fibra NAIM, convocó a una asamblea de tenedores para el próximo 12 de febrero donde se presentará la propuesta para amortizar de manera anticipada 5 mil 443 millones de dólares.
Mientras tanto, si bien las empresas tienen la libertad de analizar la posibilidad de demandar, no pueden emprender ninguna acción sobre la cancelación, ya que legalmente no hay tal, comentó.
"Suspenden ellos con la idea de negociar una terminación anticipada", dijo Rogelio Rodríguez, abogado de la UNAM.
Aunque, resaltó, una suspensión no es jurídicamente recomendable porque tiene un costo, ya que los gastos generados por las empresas, como pago de sueldos, durante el tiempo que dure la medida, serán imputables al Gobierno.
Joaquín Ortega, abogado y asesor parlamentario, aseguró que la medida le causará un perjuicio a las compañías, pues aunque ya no sigan con la construcción del proyecto, tienen responsabilidades que asumieron como parte del desarrollo del mismo.
Recordó que casi ninguna empresa construye las obras con financiamiento propio, por lo que las que participan en el NAIM seguramente pidieron préstamos bancarios, mismos que deben pagar, peses a que la obra esté frenada.
Sin embargo, los costos generados durante esta suspensión los deberá cubrir el Gobierno federal, ya que es quien tomó dicha medida, recalcó.
José Mario de la Garza, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, mencionó que la suspensión significa que la Administración federal ya no destinará más recursos en la construcción de un proyecto que cancelará, pero también presiona a las constructoras, ya que dejan de recibir recursos por la edificación.