El Gobierno de México ha puesto en marcha un programa para esclarecer la desaparición de 40.000 personas e identificar unos 26.000 cuerpos aparecidos en 1.100 fosas clandestinas durante los años de la guerra contra el crimen organizado. Este es un nuevo intento para resolver una de las cicatrices más dolorosas del país, y contempla la creación de un Instituto Nacional de Identificación Forense, la formación de brigadas de búsqueda, bancos de datos de ADN así como la compra de laboratorios y equipo para exhumaciones. El encargado de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Interior), Alejandro Encinas, ha reconocido este lunes durante la presentación de este plan que se enfrenta una crisis sin precedentes. "Se ha convertido en una enorme fosa clandestina nuestro territorio", ha dicho. Para implementar la estrategia este año se desembolsarán 400 millones de pesos, unos 21 millones de dólares.
La crisis de derechos humanos se ha agravado en el país durante la última década. Las desapariciones, homicidios, torturas, desplazamiento forzado y secuestros repuntaron a raíz de la guerra contra el narcotráfico. Ante la indiferencia de las autoridades y la lentitud de las investigaciones los familiares de los desaparecidos han tenido que organizarse para buscar a los suyos. En este nuevo intento para dar una respuesta a miles de familias que siguen en la angustia por no conocer el paradero de sus seres queridos, Encinas ha insistido en que habrá una mayor coordinación con organismos internacionales y con colectivos. “Esta es una responsabilidad que tiene que asumir el Estado mexicano y por supuesto estableceremos los protocolos de acompañamiento”, ha indicado.
Esta semana el funcionario entrevistará a los 11 candidatos para dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda con el objetivo de que, a más tardar este viernes, se oficialice el nombramiento del nuevo titular de este órgano. Encinas ha añadido que se buscarán recursos adicionales a través del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Publica que cuenta con un fondo de 7.500 millones de pesos (392 millones de dólares) para la identificación forense y exhumación de cuerpos.
Encinas ha calificado como una "simulación" las acciones para esclarecer la desaparición en la administración anterior de Enrique Peña Nieto. El funcionario ha ejemplificado que el gobierno anterior presupuestó 468,9 millones de pesos (24,5 millones de dólares) para la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero solo se ejercieron seis millones de pesos (314.000 dólares). A 53 días de dejar el cargo, Peña Nieto creó un sistema de búsquedas de desaparecidos, derivado de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas creada en agosto de 2017. Para familiares de las víctimas y colectivos los esfuerzos por atajar este drama por parte del gobierno anterior solo quedaron en el papel.
Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, organización civil especializada en litigios de desaparición y violaciones graves a derechos humanos, señala que es un plan positivo porque está articulado con la ley de desaparición forzada de 2017 e incluye mecanismos novedosos como los "beneficios por colaboración eficaz". Esta figura, retomada de la comisión de la verdad para Iguala, pretende ofrecer incentivos para las personas que proporcionen información sobre estos casos. No obstante, también ha advertido que se deben de fortalecer las fiscalías y comisiones de búsqueda estatales para garantizar la implementación del programa. Otro de los puntos a vigilar, añade Gutiérrez, será la próxima elección del fiscal general sobre desaparición en México.
Lucy Díaz Henao, directora del colectivo Solecito en el Estado mexicano de Veracruz, recibe con una mezcla de esperanza y escepticismo este nuevo programa de López Obrador. "Ojalá no sea una simulación más porque de simulaciones estamos hartas". No es la primera vez que se anuncia el despliegue de tecnología y de expertos para acabar con este drama, y sin embargo, ella espera que esta vez este plan sí ataque definitiva este problema que se ceba en los jóvenes de 17 a 29 años de las zonas más marginadas del país.
Díaz Henao insiste en que en estos años su labor de búsqueda se ha visto obstaculizada por las propias autoridades. "Nosotras hemos sufrido de un bloqueo y de un repudio terrible, nos maltratan (los policías), tampoco tenemos maquinaria para trabajar, ha sido una lucha campal", relata la integrante de este colectivo, que por su cuenta ha logrado hallar 298 cuerpos solo en esta entidad del sureste mexicano.
Jorge Galván, director del Comité Eureka, una de las primeras asociaciones en denunciar la desaparición forzada en México en los años 60, 70 y 80, ha celebrado la intención del nuevo gobierno por saldar la deuda histórica para reconocer a las víctimas que fueron desaparecidas por el propio Ejército mexicano. Después de años de marchas, huelgas de hambre, oficios dirigidos a los procuradores y presidentes en turno este colectivo aún espera la resolución de unos 400 casos.
El representante del Comité Eureka reconoce que la prioridad de estas nuevas comisiones de búsqueda se centrará en los desaparecidos con mayor posibilidad de encontrar con vida, sin embargo, confía en que exista una verdadera voluntad por parte de López Obrador de desplegar a un equipo de antropología forense para dar luz a sus expedientes. "Si hemos esperado tanto tiempo, podemos esperar un poco más", zanja.