La Máxima Casa de Estudios de Morelos exigió la destitución del subsecretario de Gobierno, Ricardo Santos Robledo Chávez, y el coordinador de asesores del Ejecutivo estatal, Gustavo Martínez González.

A través de un comunicado, firmado por la Rectoría, el Colegio de Directores, el Colegio de Profesores Consejeros Universitarios, la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, los sindicatos Independiente de Trabajadores Académicos y el de Trabajadores Administrativo, así como por la Junta de Gobierno de la Universidad, se acusa a ambos funcionarios de atentar en contra de la autonomía universitaria.

"Demandamos destituir y sancionar al subsecretario de Gobierno, Ricardo Santos Robledo Chávez, por intentar corromper a estudiantes, incluyendo menores de edad, y pretender partidizar a la Universidad.

"Destituir y sancionar al coordinador de asesores del Gobierno del Estado, Gustavo Martínez González, por emprender una campaña de desprestigio en contra de la comunidad universitaria y amenazar de muerte a uno de sus comunicadores", señala el documento.

El comunicado fue emitido en el marco del Cuarto Informe del Rector, Jesús Alejandro Vera Jiménez.

En él los universitarios acusan una campaña en contra de la UAEM por su postura social.

"La molestia de actores políticos ante la posición ético-política de la UAEM, se expresa en violentos y turbios embates como los siguientes: se vulnera su autonomía al presentar iniciativas de reforma a su Ley Orgánica sin tomar en cuenta a la comunidad universitaria; se incumplen y desconocen compromisos de infraestructura de programas federales; se busca afectar su presupuesto mediante la modificación de la Constitución local que actualmente le otorga el 2.5 por ciento del presupuesto del estado", indica el comunicado.

La Universidad también acusa la implementación de campañas mediáticas orientadas a denostarla y a deslegitimarla socialmente.

"En medio de la vergüenza y el horror descubierto en las fosas clandestinas de Tetelcingo, en lugar de investigar y castigar los crímenes develados y acompañar a las víctimas en su búsqueda de justicia, el Congreso del Estado ha ordenado una auditoría facciosa y no apegada a la legalidad", aseguran las autoridades universitarias.