-Se estará en espera de una solución por parte de los legisladores locales: Cuevas López
-La falta de recursos ha propiciado que los juzgados orales, civiles y familiares, no se actualicen
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ Morelos), María del Carmen Verónica Cuevas López, confirmó que la promoción de la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue por “omisión” para aprobar los 890 millones de pesos como presupuesto 2019, por lo que estará en espera de una solución por parte de los legisladores locales.
En entrevista, la titular del Poder Judicial, Carmen Cuevas, aseveró que la falta de recursos al máximo órgano de impartición de justicia; ha propiciado que los juzgados orales, civiles y familiares, no se actualicen mediante los medios electrónicos, como la firma, entre otros.
Explicó que actualmente se encuentran en espera de que los diputados del Congreso local puedan resolver las problemáticas; además informó que en días pasados el Poder Ejecutivo solventó las transferencias de los recursos que se les adeudaban desde el año pasado.
“La controversia se presentó por la omisión de que no tenemos hasta ahora el presupuesto y únicamente estamos en espera de lo que el Congreso pueda resolver y nos fueron hechas las transferencias y hoy se nos envió un oficio y mientras tanto haya omisión y tengamos malas respuestas vamos a continuar con el presupuesto del año pasado”.
Cuevas López indicó que hasta el momento continuarán operando con el presupuesto del 2018, a pesar de las limitaciones para operar al interior del máximo órgano de impartición de justicia, ya que dejarán de lado la actualización de los juzgados.
“Sin duda nos hacen falta muchos recursos para avanzar, por ejemplo los nuevos recursos para la firma electrónica, medios electrónicos y otros requerimientos más, pero estamos confiados de que el Congreso nos dará mayor presupuesto”.
Cabe hacer mención que habían solicitado un presupuesto fiscal de 890 millones de pesos, sin embargo, los legisladores locales les otorgaron un total de 615 millones de pesos, por lo que estará en espera del resolutivo de los ministros de la Suprema Corte.