Solo los habitantes de dicho estado y de 24 municipios de Puebla y Tlaxcala decidirán el 23 y 24 de febrero si quieren o no poner en marcha la magna obra, indicando el primer mandatario que de no hacerlo se perderán tres mil millones de pesos al año en promedio.
Hugo Éric Flores, delegado federal para los Programas de Bienestar Social en Morelos, explicó que el proyecto data del año 2009 cuando el estado recibió la certificación de la Comisión Reguladora de Energía para hacer el Proyecto Integral Morelos (PIM).
En 2010 se instruyó su construcción mediante la licitación, iniciando en 2011 su edificación.
La importancia del proyecto radica en que Morelos es el único estado que no produce kilowatt alguno para el país, siendo que si se retoma su operación aportará el 80 por ciento de energía que consumirá el estado para 2022.
Terminada su construcción se abandonó su operación dado que un plantón de opositores y seis amparos contra el proyecto impidieron que tomara las aguas residuales de la planta de Cuautla.
Los detractores al proyecto aseguran que además de afectar el caudal del río de Cuautla -del que dependen numerosas parcelas-, provocará un fuerte impacto medioambiental. Asimismo, indican que está construida en una zona sísmica, lo que aumenta su peligrosidad en su operación.
Al respecto, Flores Cervantes indicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), compañía encargada de su operación, ya constató que no se afectará el río ni habrá un impacto contra el medio ambiente, sin embargo, buscarán que la UNESCO la certifique en dicha materia.
Sobre la sismicidad de la zona, ya solicitaron un estudio de las autoridades competentes. Es así que aportarán información de esto al reverso de la boleta de la consulta ciudadana.