Expertos y académicos se pronunciaron por modificar la minuta sobre la creación de la Guardia Nacional, enviada por la Cámara de Diputados, ya que se asemeja al modelo venezolano, está encaminada a militarizar el país, e incluso podría echarse abajo por tribunales internacionales por su naturaleza castrense.
Al iniciar las audiencias públicas sobre la discusión del nuevo cuerpo de seguridad, Álvaro Vizcaíno, extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), advirtió que tiene similitud con la que opera en Venezuela.
“Se asemeja al modelo venezolano; 72 por ciento de las guardias o gendarmerías militares se ubican bajo gobiernos con un sistema dictatorial; en cambio, de los 22 países que tienen guardias civiles 91 por ciento opera en democracias.
En tanto, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), subrayó que la minuta “no pasa la prueba de la convencionalidad”, porque apuesta por constitucionalizar la participación militar en tareas de seguridad pública.
Reiteró su petición de quitar todo componente castrense y limitar la temporalidad de la actuación del Ejército en tareas de apoyo a la seguridad pública.
“Lo normal en un Estado democrático de derecho es enfrentar la delincuencia a través del fortalecimiento de corporaciones civiles, con la profesionalización de las policías estatales y municipales”, aseguró.
- El Dato: Julio Sabines, maestro en Seguridad Nacional, defendió a la Guardia Nacional y descartó que su implementación vaya a militarizar al país.
En su ponencia, Sergio López, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), advirtió que en sus términos la propuesta de Guardia es un híbrido riesgoso, ya que en los hechos será conformada y adiestrada bajo el mando militar, por lo que sería fácilmente impugnable ante tribunales porque violenta los convenios firmados por México.
“Podría llegar eventualmente a la Corte y es altamente probable que declarará la inconvencionalidad del mando militar. Podemos afirmar lo anterior porque, aunque la Corte reconoce la facultad de los Estados para realizar acciones tendientes al mantenimiento de la seguridad, también se ha pronunciado enfáticamente sobre los riesgos que implica el uso de militares en tareas de seguridad pública”.
Además, no es la solución al problema de violencia que vive el país, apuntó.
Santiago Corcuera, exrelator de la ONU de derechos humanos, se pronunció por establecer con claridad cuánto tiempo permanecerán las Fuerzas Armadas subsidiando tareas de seguridad pública. “Un artículo transitorio debe tener acotaciones clarísimas. No una transitoriedad indefinida que produce inseguridad jurídica”.
Sigue análisis
Para conocer la opinión de expertos el Senado contempla más audiencias:
- Febrero 12 Derechos Humanos
- Febrero 13 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública
- Febrero 14 Federalismo y Seguridad Pública
- Febrero 15 Profesionalización, capacitación y uso de la fuerza.