Juan Salazar Núñez cobró un salario de setenta mil pesos al mes por nueve meses sin trabajar, señalan juristas
El presidente del foro, Pedro Martínez Bello, explicó que el propio Salazar Núñez confirmó que apenas hace una semana comenzó con la integración de la primera carpeta de investigación relacionada con presuntas irregularidades cometidas por el exalcalde de Temixco, Miguel Ángel Colín.
Juan Salazar Núñez, quien recibe un salario mensual de 70 mil pesos (igual al que cobra el fiscal general del estado), fue designado como zar estatal anticorrupción en agosto de 2015, en la recta final de la anterior legislatura.
El nombramiento causó polémica no sólo por la prisa de los legisladores afines al gobierno estatal perredista por nombrar a este fiscal, sino porque la elección recayó precisamente sobre Salazar Núñez, que en ese momento era el consejero jurídico del gobierno de Morelos y cercano al gobernador Graco Ramírez.
En la Ley de Egresos 2016 del gobierno estatal, el Congreso asignó 30 millones de pesos de presupuesto para la instauración del sistema estatal de combate a la corrupción, de los cuales cuatro millones fueron destinados para la fiscalía a cargo de Salazar Núñez, y 16 millones de pesos más fueron trasferidos al Tribunal de Justicia Administrativa, recursos que hasta ahora no han sido ejercidos. De los 10 millones de pesos restantes, no se sabe el destino.
Sin embargo, ante el consumo del presupuesto en emolumentos y “funciones”, el Foro Morelense de Abogados consideró necesario que el Congreso intervenga en este tema, “porque no es posible que el fiscal anticorrupción cobre sin trabajar y hasta hace unos días haya iniciado la integración de la primera carpeta”.
“El asunto tiene trascendencia jurídica y es justamente el Congreso del estado quien tendría que hacer dos cosas. Primero, averiguar el actuar del fiscal anticorrupción e iniciar las acciones legales correspondientes, porque pudiera encuadrarse en el delito del ejercicio indebido del servicio público, entonces no es una cuestión moral, es una cuestión jurídica, donde quien está legitimado para llevar a cabo esas acciones es el Congreso del Estado.
“Pero además, a los morelenses nos dejaría satisfechos saber que el fiscal anticorrupción, que el zar anticorrupción, no está cometiendo actos de corrupción”, dijo Martínez Bello.
Dijo que el Congreso también tiene que revisar la situación de los dos nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Roque González Cerezo y Manuel García Quintanar, quienes a nueve meses de su nombramiento no ejercen jurisdicción, es decir, no integran y resuelvan expedientes, porque, supuestamente, no tienen los recursos humanos y materiales para realizar su función.
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