Les imputan desvío de fondos en Secretaría del Trabajo y Fondo de Fomento Industrial
Auditoría revela anomalías en dependencias; la mayoría, en Obras Públicas del estado
Tepic, Nay., Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Federico Gutiérrez Villalobos, a Alejandro Hernández Grimm y a Lázaro Valerio Esquinca, quienes en distintos momentos formaron parte del gabinete del entonces gobernador priísta Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017).
A Gutiérrez Villalobos se le acusa de desvío de fondos federales que llegaban a la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, que encabezó durante casi todo el sexenio anterior. Dejó el cargo a finales de enero de 2017 y durante los ocho meses siguientes que le faltaban de mandato a Sandoval, encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la entidad.
Hernández Grimm y Valerio Esquinca, acusados del desvío de millones de pesos a su paso por la dirección del Fondo de Fomento Industrial del Estado, también fueron aprehendidos, aunque la información oficial sobre su detención era escueta al cierre de esta edición.
Casi al mismo tiempo, el titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Sánchez Benítez, compareció ante la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto del Congreso local para informar de las anomalías encontradas tras auditar el ejercicio fiscal 2017 de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de los ayuntamientos, órganos descentralizados y entes autónomos.
Una de las dependencias que tuvo más observaciones es la Secretaría de Obras Públicas del estado; se señala al que fue su titular Gianni Ramírez Ocampo, así como algún subsecretario, directores de construcción e infraestructura, e incluso sus esposas, de haber creado empresas del ramo a las cuales se adjudicaron obras públicas en varios municipios hasta por 322.6 millones de pesos.
Así, recibieron por encargo desde la construcción de malecones en Compostela y San Blas, el muelle en este último municipio, además de bulevares representativos del gobierno estatal. Con los datos obtenidos, puntualizó Benítez Pineda, se realizaron ocho denuncias y se inhabilitaron siete empresas en forma provisional.
Estos políticos convertidos en empresarios de la construcción se han amparado, pero se les otorgó la suspensión, dijo el auditor; añadió que si alguna de las obras que se les adjudicó está incompleta, deben terminarla y entregarla.
En toda su presentación, Benítez no dio nombres de los involucrados; sin embargo, el año de la cuenta pública auditada, así como los datos vertidos con fechas y cargos, permiten saber quiénes son los aludidos.
En los entes revisados se informó que el municipio de Bahía de Banderas, presidido entonces por José Gómez Pérez, pagó
con dos terrenos los 81.6 millones de pesos que le correspondía entregar al patronato de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), cuando la figura de pagos en especie no se tiene contemplada.
El patronato se encarga de administrar 12 por ciento que los ayuntamientos cobran en efectivo a los ciudadanos cuando realizan algún trámite ante la alcaldía. El valor de dicho predio fue inflado de origen, pues el avalúo lo tasó en 30 millones de pesos, y no 96, como pretendieron presentarlo. La dación quedó sólo en propuesta, jamás se descentralizó del fondo municipal de Bahía y aun así, el patronato se la entregó a la universidad, misma que expidió una factura por tal terreno y ahora la UAN es dueña
de un predio irregular.
También se descubrió que fraccionaron en varios contratos el presupuesto asignado para la construcción de un nuevo edificio en la preparatoria número 13 de la UAN, con la finalidad de que no rebasara el presupuesto asignado para lanzar una licitación. Éste señala que si pasa de 2 millones 740 mil pesos se concursará, entonces lo dejaron en 2 millones 730 mil hasta ajustar los 10.9 millones que se requerían.
La auditoría referida también reveló el pago irregular o improcedente de la Cámara de Diputados a Roy Rubio Salazar, quien fue titular de ese mismo órgano auditor y actualmente se encuentra suspendido, junto con otras nueve personas de su equipo.
Acusado de ejercicio indebido de funciones y de peculado por 12 millones 60 mil 589 pesos, a Rubio y a quien fuera su director de Administración Ernesto Rosales Ramos, se les dictó en octubre de 2018 auto de vinculación a proceso por los presuntos delitos mencionados, pero ambos enfrentan sus procesos en libertad. También se le acusa de haber recibido una notaría cuando aún era auditor. Lo informado este día, finalizó el auditor, es sólo parte de muchas otras anomalías detectadas tras las revisiones.