LA CRÓNICA DE HOY: Sin licitación abierta, el 99.65% de la obra carretera

Las licitaciones en obras ­carreteras no están de moda en la IV Transformación, pues el 99.65 por ciento de los 2 mil 273 millones de pesos inyectados en este sector en los primeros meses de la administración se entregarán a empresas invitadas, es decir, en procesos sin licitación pública.

De 399 contratos procesados, sólo uno se asignó a través de un concurso público abierto.

 

La única justificación gubernamental, extraoficial, es que se intenta dotar de contratos a un mayor número de empresas locales y regionales, en lugar de que los grandes constructores del país o las trasnacionales acaparen las obras.

No obstante, empresarios del ramo señalan que los procedimientos están dando un poder excesivo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que se ha colocado, sin fundamento legal de por medio, como el certificador de las empresas que pueden ser invitadas por el gobierno federal. Esta organización representa a una quinta parte de los constructores del país.

El procedimiento de “invitación” consiste en que los funcionarios a cargo del contrato seleccionen a tres o más empresas y que sólo ellas puedan competir por la obra de construcción, mantenimiento o mejoramiento de las vías de comunicación. Este procedimiento, al igual que la adjudicación directa (se elige directamente a una empresa para realizar la obra) debería ser excepcional y con justificaciones de fondo, pero de acuerdo con los datos oficiales de Compranet (Función Pública) consultados por Crónica, son la regla en los primeros meses de la actual administración federal.

Según el nuevo vocabulario gubernamental, al proceso de invitación a cuando menos tres empresas se le ha denominado “licitación restringida”, un término que no existe en las leyes mexicanas. El término de “licitación restringida” apareció en el lenguaje de los funcionarios amlistas a raíz del anuncio de que los contratos de la megarrefinería de Dos Bocas serían asignados sin licitación pública.

A la luz de la Ley de Obras y Servicios Asociados, la adjudicación directa y la invitación a empresas tiene el mismo rango: una excepción que debe estar fundamentada con alguna razón de peso y con esa lógica hizo su promesa el ahora titular de la SCT.

En el caso de las carreteras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 22 delegaciones estatales de esta dependencia encabezaron procesos de contratación en los que, eludiendo la licitación, se invitó sólo a un grupo de empresas.

Se trata principalmente de  obras de conservación rutinaria y de reconstrucciones en buena parte del territorio nacional, lo que incluye carreteras y caminos secundarios. Las conservaciones rutinarias de infraestructura generaron 163 contratos. Sólo los trabajos de la carretera entre Nayarit y Sinaloa estuvieron sujetos a licitación, los demás, aunque similares, fueron asignados a empresas invitadas por la delegación estatal ­correspondiente.

El método de invitación para asignar los contratos parece haber tenido una buena intención (aunque no se ha hecho explícito por parte del gobierno federal): ante un eventual acaparamiento de contratos por las constructoras de mayor capital en el país, se pensó que podía invitarse a empresas de carácter local o regional para diferentes tipos de trabajos. Con esta tesis, una constructora pequeña o media de Sinaloa, por ejemplo, estaría así en mayor posibilidad de conseguir contratos en la entidad.

Al respecto, Francisco Gallo, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, advierte que se está materializando un temor que comenzó a hacerse presente el año pasado: las invitaciones están llegando sólo a miembros de la Cámara de la Industria de la Construcción, la que en la práctica está funcionando como instancia de certificación. “Los empresarios tenemos derechos constitucionales para agremiarnos con las organizaciones que mejor nos parezca, no existe una sola organización, existimos otras”, señaló.

Asimismo refirió que “no entendemos el término certificación y tampoco que una cámara avale las designaciones para obras, además de que no existe en la legislación de obra pública mexicana ninguna obligatoriedad de ser parte de una Cámara, se contradice incluso con la Ley de Obra Pública”, señala Gallo.

En el mismo tenor y sobre lo que está pasando en el arranque de la administración, señala que no ve buenas perspectivas para los pequeños y medianos empresarios que él encabeza: “Si ya está destinado el 76 por ciento de la obra del programa anual (carretero)…”

“Nosotros proponemos que se eliminen las adjudicaciones directas y las invitaciones, que haya sólo licitación”, señaló al destacar que solicitaron oficialmente, en dos ocasiones, reuniones con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, sin obtener respuesta positiva.

Desde la etapa de transición, Jiménez Espriú había asegurado que trataría de limitar las adjudicaciones directas, que “sean completamente excepcionales, que todo sea por licitación”.

Con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jiménez Espriú tuvo reuniones e incluso cuando habló de terminar con la corrupción en la entrega de contratos involucró a esta organización en los procesos de verificación de la honestidad del proceder gubernamental.

Gallo está de acuerdo en que el objetivo de eliminar la corrupción era indispensable: “los moches” o comisiones ilegales a funcionarios eran lo que decidía finalmente quién construía una carretera en los sexenios anteriores, pero utilizar la invitación a empresas, a su juicio, va en contra del objetivo: “Aunque no se desee, existe la duda de si (estos contratos) se los están dando a sus amigos, y en este caso se la están otorgando a una organización que no representa ni el 20 por ciento del empresariado (del sector) en el país)”.