El auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, entregó ayer a la Cámara de Diputados el tercero y último paquete de informes de las auditorías a la Cuenta Pública 2017, en el que reportó irregularidades y observaciones pendientes de aclarar por un monto de 68 mil 136 millones 500 mil pesos.
Este monto, acumulado a los 11 mil 706 millones sin aclarar que se reportaron en la segunda entrega, en octubre pasado, más los 7 mil 700 millones de la primera entrega en junio, se acumulan pérdidas por un total de 87 mil 542 millones de pesos en 2017.
Colmenares Páramo informó también a los legisladores que de las últimas 653 auditorías logró recuperar 131 mil 09 millones de pesos, y de las mil 675 de todo el año se recuperaron 147 mil 334 millones.
Detalló que sólo de marzo pasado –cuando asumió la titularidad de la ASF– a la fecha presentó ya 54 denuncias penales ante Fiscalía General de la República, “derivado de las revisiones de ejercicios anteriores, y estamos en un proceso de revisión de lo atrasado con la Fiscalía General de la República, para el seguimiento, coadyuvancia y presentación de las denuncias de hechos”.
En su informe resaltó que de las auditorías realizadas al gasto público ejercido en ese año “el gasto promedio anual por niño atendido en las 9 mil 399 estancias infantiles en 2017 de Sedesol fue de 11 mil 500 pesos, esto es de 958 pesos mensuales. Cabe mencionar que tanto el IMSS como el ISSSTE tienen un servicio de guardería que atiende a hijos de derechohabientes”, observó.
El auditor informó también que, sobre la entrega de recursos federales a los municipios, “14 estados tuvieron observaciones, al no entregar a los municipios las participaciones que por Ley les corresponden. Debido a esta irregularidad se observó un monto de 429.4 millones de pesos. Además, 27 estados tuvieron retrasos en la ministración de las participaciones a los municipios, lo que generó rendimientos financieros por un importe de 81 millones de pesos, los cuales no habían sido pagados a los municipios”.
Además detectó que la Conade “no acreditó que los beneficiarios que recibieron los subsidios cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación; careció de los criterios con los que se determinaron los montos que se les otorgaron, y no comprobó el ejercicio de los recursos asignados al deporte de alto rendimiento y a las asociaciones deportivas nacionales y órganos de cultura física y deporte”.
“En relación con la adquisición y contratación de bienes y servicios para la atención al deporte, no acreditó el monto total del presupuesto reportado en la Cuenta Pública y se identificaron pagos por un total de 262.1 millones de pesos a proveedores que no están en los registros del SAT”, agregó.