Las firmas falsificadas de cinco funcionarios de Sedatu fueron usadas para el desvío de más de $600 millones en convenios con universidades.
Las firmas falsificadas corresponden a José Antolino Orozco, titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedatu, en dos convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas por 206 millones de pesos y a Armando Saldaña, director General de Ordenamiento Territorial, quien presuntamente firmó en febrero de 2016 un convenio con la Universidad Politécnica de Hidalgo "Francisco I Madero" por 187 millones de pesos.
De igual forma a Enrique González Tiburcio, subsecretario de Ordenamiento Territorial, cuya rúbrica falsificada se estampó el 4 de enero de 2016 en un convenio también con la Universidad hidalguense por 185.8 millones de pesos.
Otros dos funcionarios con firmas alteradas fueron Juan Manuel López Arroyo, coordinador de asesores del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, en ampliaciones de convenios con un Tecnológico de Comalcalco y Javier Arrambide, director de Operación de Programas de Delegaciones, en convenios con una Universidad de Quintana Roo por montos no especificados.
Los casos de González Tiburcio y de Saldaña fueron consignados judicialmente tras pesquisas de la PGR (hoy Fiscalía) achacándoles responsabilidad en desvíos.
González Tiburcio había denunciado en julio de 2017 la falsificación de su firma ante el Órgano Interno de Control de Sedatu y posteriormente lo hizo ante PGR.
Sin embargo, fue imputado por la Procuraduría por falsedad en declaraciones y el 29 de enero un Juez lo procesó por dicho delito.
González Tiburcio ha sostenido con pruebas grafológicas que la rúbrica contenida en un convenio marco no es suya, por tanto no es responsable de desvíos y ha apelado la decisión judicial.
Armando Saldaña, quien también había sido imputado por la PGR en desvíos, demostró que su firma era apócrifa.
Incluso según la Auditoría 196 sobre el convenio en cuestión por 185.8 millones de pesos, elaborada por la ASF, se afirma que Saldaña "no reconocía como suyas las firmas que obran en el mismo, que jamás solicitó la prestación de los servicios, que nunca ha tenido contacto ni conoce a persona alguna de la universidad y que no solicitó () el pago de recursos a favor" de esa entidad.
REFORMA pudo conocer que uno de los centros de operación para las falsificaciones está ubicado en Tennyson 125, casa que desde hace más de una década utiliza Emilio Zebadúa para actividades políticas y financieras.
Zebadúa fue Oficial Mayor de Sedesol y la Sedatu bajo las órdenes de la Secretaria Rosario Robles en ambas dependencias y es señalado como el autor intelectual de la denominada Estafa Maestra.