Pemex, en su laberinto

Al terminar la reunión solo se respiraba decepción. Los nuevos directivos de Pemex acababan de visitar en Nueva York a los principales bancos y fondos de inversión con intereses en la petrolera. La plana mayor de Wall Street escuchaba ávida los planes de los designados por Andrés Manuel López Obrador para llevar las manijas de la empresa pública, otrora joya de la corona mexicana y hoy agobiada por las deudas y una producción declinante. Pero algo no había salido bien: los financieros, según cuentan quienes siguieron de cerca la cita, quedaron “muy poco tranquilos” con lo escuchado. No vieron claridad en la estrategia para sacar del hoyo a Petróleos Mexicanos, la petrolera más endeudada del mundo —107.000 millones de dólares, con un calendario de repago retador— y asediada por las amenazas de degradación por parte de las agencias calificadoras.

A mediados de febrero, en la puesta de largo del programa con el que el Ejecutivo de López Obrador (Morena, izquierda) pretende rescatar a la petrolera estatal, se perdió una segunda oportunidad para infundir confianza a los siempre temorosos mercados financieros. Las autoridades federales anunciaron una reducción de 700 millones de dólares en la factura fiscal de Pemex, una inyección de capital de 1.300 millones, un alivio en los pasivos laborales de la compañía y la expectativa de que el combate del Gobierno federal sobre el robo de combustible redunde en una mejora de 1.650 millones en la cuenta de resultados. Pero a prácticamente nadie le parece suficiente: sabe a poco. “Las medidas no resuelven los problemas estructurales de la empresa”, sentencia el mayor banco de México, BBVA Bancomer, en una nota para clientes. “Es muy decepcionante: no hay dinero nuevo y lo único positivo es que no se incrementa la deuda”, dicen desde Citi. “Los fondos que se meten no es para crecer: solo cubre costos”, completa Ramsés Pech, analista en temas de energía. Un parche temporal, en definitiva, que no resuelve los problemas de fondo de una empresa golpeada por “la corrupción y la mala gestión”, continúa Carlos Petersen, de la consultora Eurasia. Pemex necesita mucho más que un lavado de cara.

En las últimas décadas, la compra de deuda de Petróleos Mexicanos había sido para muchos inversores asumir un riesgo prudente: un negocio respaldado por el enorme apetito global por la energía, que pagaba en buenos términos y que contaba con el siempre tranquilizador respaldo del Estado mexicano. Pero las tornas han cambiado: tras la visita a Nueva York, llegó la rebaja de la calificación crediticia por parte de Fitch —que dejó a Petróleos Mexicanos al filo del bono basura— y, en última instancia, las medidas paliativas  del Gobierno. El resultado de todos estos factores ha sido una reducción de la confianza en la, por mucho, mayor empresa pública mexicana.

A los factores propiamente achacables al declinante negocio de Petróleos Mexicanos se ha sumado una decisión política que ha inoculado una dosis adicional de incertidumbre: la anulación de la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México en una polémica consulta auspiciada por el nuevo Ejecutivo en octubre, cuando todavía estaba en funciones. “Después de la cancelación, mucha gente se ha dado cuenta de que el Gobierno está dispuesto a asumir riesgos económicos para alcanzar su proyecto político”, apunta Gonzalo Monroy, consultor en energía y director de GMEC. La reciente disputa entre el presidente y los reguladores ha añadido otro punto de dudas en el imaginario colectivo de los inversores.

López Obrador ha situado a la petrolera como el pilar de la riqueza energética de México. “Para apoyar a Pemex no hay límites: es una empresa estratégica, fundamental para la nación. Una empresa que ha sido muy maltratada, por decir lo menos, una empresa que fue saqueada, sobre todo en este periodo neoliberal”, ha llegado a decir el presidente. Una opinión que refrenda Alicia Puyana, profesora de Flacso, que cree que décadas de corrupción y renta petrolera —aportación al erario— demasiado alta y destinada, para más inri, a gasto corriente, ha vaciado las arcas de Pemex y frenado proyectos de inversión. “Así, ninguna empresa puede funcionar”, enfatiza.

El presidente y su equipo enfrentan una compleja disyuntiva: inyectar más dinero en Pemex, posibilitando un incremento de la producción a costa de arriesgar la salud futura de las finanzas públicas —hoy saneadas, pero con un margen fiscal siempre limitado y con las calificadoras al acecho— o tratar de que sea la petrolera estatal la que salga del atolladero por sus propios medios, endeudándose más y exponiéndose a una casi segura rebaja crediticia. “El problema es que cualquier ayuda que el Estado le dé a Pemex tiene un impacto en el balance fiscal federal y, a la vez, si no se la da, la empresa está en problemas”, dice Petersen, de Eurasia. Ese es el laberinto de la petrolera pública mexicana. “Pemex es demasiado grande para caer”, apunta Ernesto Revilla, economista jefe de Citi para América Latina, en un informe firmado por otros cinco analistas de la entidad financiera estadounidense. “Para salvar Pemex se necesita un plan bien orquestado que haga uso de dinero federal”.

Si el Gobierno mexicano opta por utilizar recursos públicos para reflotar la petrolera —y en los mentideros financieros caben pocas dudas de que así será—, la inyección “llevará a una degradación de la calificación del [bono] soberano”, opinan Gabriel Lozano y Steven Palacio, del banco de inversión JP Morgan. Ante esta compleja elección, Petersen abre una tercera vía: que el Estado meta dinero en Pemex para solucionar los problemas más inmediatos y, a la vez, la petrolera siga explotando la vía de los acuerdos con socios privados -una opción por la que ya se ha optado en los últimos años- para compartir riesgos en la fase de prospección y puesta en producción de nuevos pozos. “Pero por los antecedentes y las palabras más recientes de López Obrador, no parece que vaya a ir por ahí”, cierra el analista de Eurasia.

En el diagnóstico hay acuerdo: Pemex tiene que dejar atrás el rumbo errático de los últimos sexenios —solo corregido en el tramo final del sexenio pasado—, pero la receta del Ejecutivo mexicano difiere de la que ponen encima de la mesa todos los analistas consultados. Mientras en Ciudad de México se opta por destinar dinero a nuevas refinerías para conseguir la autosuficiencia, las principales casas de análisis ponen el foco en la exploración y producción de crudo, las actividades más rentables en el ecosistema petrolero actual. Hay un precedente, muy cercano y nada halagüeño, de inversiones equivocadas en Pemex: la Administración de Enrique Peña Nieto dedicó sus últimos años a reducir las pérdidas por la refinación de hidrocarburos y apostó por los fertilizantes, una apuesta fallida que granjeó pérdidas por un valor de 665 millones de dólares, según un informe de la Auditoría Superior de la Federación, que considera esa apuesta como una “pérdida de valor” para la empresa.

La visión de López Obrador a favor de la inversión en refinerías entra en contradicción con las condiciones actuales de la petrolera: en sus cuentas de resultado ya no hay margen para que la inversión no produzca ganancias. “Se va a construir una refinería que no se necesita y donde lo más probable es que haya un escenario de poca producción”, explica Monroy. “No debería aumentar la inversión en este tipo de proyectos, dadas las cuantiosas pérdidas históricas de dicha actividad”, agregan desde el servicio de estudios del BBVA. “Pemex debería enfocarse en lo que hace muy bien y donde hace dinero que es la exploración y producción de petróleo, todo lo demás hay que reformarlo”, remata Duncan Wood, director del Instituto de México del Wilson Center.