México se ha convertido en los últimos años en un lugar letal para las mujeres, donde cada día al menos nueve son asesinadas, en el 98% de los casos, en manos de hombres. Para combatir esto, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presentado este miércoles un plan para frenar la ola de feminicidios que afecta al país. “Queremos que el Estado se ocupe de la protección de las mujeres”, ha señalado el presidente durante la presentación del programa, que se hace en medio de fuertes críticas de organizaciones sociales a su Administración por la eliminación de subsidios a los refugios para mujeres víctimas de maltrato y de violencia machista. El plan estará enfocado principalmente en actividades de prevención, atención a las víctimas y acceso a la justicia.
Tras un revuelo de varias semanas por el cese del presupuesto a las organizaciones civiles y la eliminación del programa de estancias infantiles (guarderías públicas), el Gobierno mexicano sale del paso con la presentación de un nuevo programa. "Nunca se dijo que se les iba a dejar sin protección”, se defendió este miércoles López Obrador, quien ha justificado las decisiones en nombre de la lucha contra la corrupción. “Eso lo inventaron y le dieron vuelo quienes no quieren que se termine el mecanismo que existía para repartir dinero del presupuesto a distintas organizaciones". El equipo del presidente ha explicado, sin dar mucho detalle, que el programa de refugios no sufrirá modificaciones, pero pasará a estar supervisado por el Estado.
El plan estará enfocado principalmente en coordinar de manera más eficientes los recursos públicos. “Hemos diseñado un programa de intervención que incluye a los tres ámbitos de gobierno [ejecutivo, judicial y legislativo]”, ha explicado este miércoles la secretaria de Gobernación (Interior), Olga Sánchez Cordero, al abrir la presentación del programa. En este sentido, se llevarán a cabo actividades de prevención y atención a las víctimas, a cargo del Gobierno; acciones para facilitar el acceso a la justicia, en manos del Poder Judicial; y por último, la discusión de reformas legislativas que acompañen los puntos anteriores, responsabilidad del Congreso de la Nación.
Nadine Gasman, recientemente elegida como directora del Instituto Nacional de las Mujeres, ha subrayado durante la presentación que al menos 66 mexicanas de cada 100 han sufrido algún tipo de violencia machista. Con estos datos sobre la mesa, la funcionaria explicó que uno de los puntos fundamentales de la atención a las víctimas será la instalación de nuevas casas de acogida para víctimas además de mantener las ya existentes. “Los refugios siguen funcionando. Hay un compromiso del gobierno de mantener los servicios, pero con la rectoría del Estado. La supervisión se va a fortalecer”.
La prevención estará enfocada al diseño de políticas para crear “ciudades seguras” que incluirán desde la implementación de aplicaciones móviles donde las mujeres puedan alertar sobre espacios inseguros hasta el registro del transporte público. Esta medida llega como respuesta a un reclamo social específico. Desde que empezó el año, la capital mexicana ha vivido un repunte de denuncias de acoso sexual y supuestos intentos de secuestros en espacios públicos que llevó a cientos de mujeres a la calle a reclamar medidas de seguridad.
En la parte judicial, el Gobierno apelará a crear convenios para facilitar los procesos judiciales para evitar que los expedientes se acumulen en los tribunales, según han explicado. El Índice Global de Impunidad dejó en 2018 una media nacional de 69,8 puntos, casi unos 15 por encima del promedio internacional. “Atenderemos las causas que no hayan obtenido justicia”, ha asegurado Sánchez Cordero, “a través de la instalación de una mesa” que se encargue de revisar expedientes judiciales. Además, a partir de ahora no será necesario esperar 48 horas desde que se reporta una desaparición, sino que la investigación deberá comenzar de manera inmediata.
La instancia legislativa, donde el partido del presidente cuenta con mayoría, tendrá a su cargo la discusión de una reforma a la Ley general de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia. El propósito será brindar respuestas más efectivas, mejorar la detección de casos en las escuelas y los hospitales y sancionar a los funcionarios públicos que actúen de manera negligente ante las denuncias.
La ola de violencia machista que ya afectaba a México se agudizó en 2018. El año pasado fueron asesinadas unas 3.580 mujeres. Una víctima fatal cada 160 minutos. El Gobierno de izquierdas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) llegó al poder en diciembre para encontrarse a 17 de los 32 Estados en situación de alerta por la violencia de género. “A todas ellas las une un factor común: la falta de intervención oportuna y diligente del Estado mexicano para preservar su integridad y proteger su vida”, ha dicho la número dos de la Administración de López Obrador.
Ellos no estarán fuera del nuevo plan. “Como parte de la estrategia tenemos que hablar con los hombres, porque son el 98% de los agresores”, ha apuntado Gasman. El proyecto incluirá talleres para trabajar las “nuevas masculinidades” desde la niñez a través de las escuelas. Todas las medidas tendrán un plazo máximo para ser ejecutadas de seis meses, ha señalado. La violencia de género será ahora “un problema de Estado”.