En los cuatro años que han pasado desde que mataron a la maestra Matilde Leana, el caso nunca ha estado cerca de resolverse. Los asesinos, conocidos, jamás estuvieron cerca de pisar la cárcel. Y Nadja Alcaraz, su hija, ya no espera demasiado de la justicia. Parece resignada. En marzo de 2015, unos vecinos de su mamá entraron a robar a la casa y la mataron. La “violentaron” y luego la estrangularon. Nadja, que entonces tenía 39 años, la encontró tirada en la cama, el pelo negrísimo cubriéndole la cara, los brazos hacia atrás, como si durmiera. Pero no dormía, estaba muerta. La habían matado.
Ocurrió cerca de Cuautla, en Morelos, a dos horas de Ciudad de México. Ocurrió apenas unos meses antes de que el Gobierno federal activara en agosto de 2015 la alerta por violencia de género contra las mujeres en la mitad de los municipios del Estado, Cuautla entre ellos. De hecho, fue por asesinatos como el de Matilde que el Ejecutivo activó la alerta.
Durante el Gobierno pasado, la alerta fue la gran novedad en materia de protección de la vida de la mujer. Ante una situación de agresiones continuada, de asesinatos, desapariciones y otros ataques a mujeres, organizaciones de la sociedad civil o particulares podían solicitar al Gobierno federal que activara la alerta. Una respuesta positiva del Gobierno obligaba a los Estados mexicanos a dedicar recursos para atender el problema. Incrementar los rondines policiales en áreas señaladas, mejorar la iluminación de ciertas zonas, capacitar a servidores públicos en perspectiva de género, instalar módulos de atención específicos para tratar casos de violencia contra mujeres… La idea era buena, coinciden las expertas, pero la realidad es que no ha funcionado bien.
Desde julio de 2015, el Gobierno ha activado la alerta total o parcialmente en 13 de los 32 Estados. Otros nueve están en proceso. El grupo de trabajo que había diagnosticado la situación a petición del Gobierno federal había concluido, entre otras cosas, que las investigaciones de la mayoría de feminicidios perpetrados de 2000 a 2013 se encontraban inconclusas; que resultaba preocupante la desarticulación entre las distintas fiscalías pertenecientes a la fiscalía general del Estado de Morelos, lo que repercutía negativamente “en el registro de casos de feminicidios y en la prevención e investigación de la violencia de género”.
De 2012 a 2015, los asesinatos de mujeres habían bajado en Morelos. La tasa por cada 100.000 mujeres seguía siendo alta, casi cinco. En 2016 se disparó a más de ocho. La fiscalía local registró ese año 30 feminicidios, esto es, asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. El Instituto Nacional de Estadística (INEGI), que sumó a esa cifra los asesinatos comunes, es decir, homicidios de mujeres sin un componente de género claro, elevó esa cifra a 87. Con dos millones de habitantes, Morelos es un Estado pequeño, el segundo menos extenso de México. Por poner en contexto sus cifras de violencia feminicida, en España, que cuenta 46 millones de habitantes, murieron asesinadas 44 mujeres en 2016. En México, en 2016, murieron asesinadas 2.789 mujeres.
La casa de Matilde había sufrido varios robos en los últimos meses. Nunca había ocurrido estando ella dentro, pero aquel día le tocó. Los ladrones, vecinos de calle, acabaron con ella. ¿Por qué? Nadja no sabe. Quizá estaban borrachos, quizá drogados, quizá sintieron que podían, quizá fue una mezcla de todo.
Nadja encontró a su madre horas más tarde, tirada en la cama de su cuarto, en la planta alta. De aquel día, 4 de marzo de 2015, recuerda poco, imágenes diluidas en llanto, dolor. Sí se acuerda de haber llamado a su esposo y a su amiga Jacqueline. Ambos acudieron rápido a la casa. Abatida, Nadja se quedó en el piso de abajo con su esposo. Jacqueline se encargó de toda la logística. Se colocó en la puerta de entrada y no dejaba entrar a nadie. Solo se le escaparon las primeras autoridades en llegar, dos agentes de Protección Civil, a quienes ella misma se había encontrado de camino a la casa. Les pidió que le acompañaran: “Algo pasó en la casa”, les dijo.
Los agentes subieron al cuarto de Matilde. Tan pronto como bajaron, Jacqueline tuvo un mal presentimiento, pero no dijo nada. Fue minutos más tarde, cuando se le acercó un reportero del Extra, un diario local, amarillista, que siempre trae muertos y mujeres desnudas en la portada. Como Jacqueline había trabajado en el gremio, a él se le hizo fácil pedirle información. “Ya me dieron las fotos, mira”, le dijo el reportero. Y Jacqueline vio, horrorizada, fotos en primer plano del cadáver de Matilde. Entró en cólera. Dejó a un familiar suyo en la entrada y se fue por los de Protección Civil. Les gritó que cómo se atrevían. Desde ese momento no se despegó del resto de autoridades: los peritos, los policías ministeriales, los forenses…
La actitud de los agentes de Protección Civil resume un poco lo que ha sido la investigación estos años. Minutos más tarde del asunto de las fotos, otros dos hombres se acercaron a la puerta. Jacqueline, que había vuelto a la entrada, les dijo que quiénes eran, que se identificaran. Uno de ellos contestó que quién era ella. Familiar, dijo. Él dijo que no se iba a identificar y ella contestó que entonces no podía pasar. La respuesta de él fue decir: “No sabes con quién estás tratando”. Y acto seguido se llevó la mano a la cintura, donde traía su arma. Era agente de la policía de investigación.
En los años siguientes pasó de todo. Cambiaron varias veces a los investigadores, faltaban peritajes, pero sobre todo Nadja recuerda una evidente falta de voluntad de averiguar nada. Al cabo del tiempo, consiguieron que vecinos de su mamá testificaran sobre lo ocurrido. Habían sido un par de vecinos, ladrones que se dedicaban a desvalijar casas. No contentos con ello, los asesinos iban presumiendo en el barrio y algunos vecinos, amigos de la familia, habían escuchado. Cuando la fiscalía obtuvo la orden de detención contra ellos, más de un año después del asesinato, ya se habían esfumado. Y así han pasado cuatro años.
"No merecemos esto"
En aquella época, la maestra Carmen Genis era la directora de Prevención del Delito en Cuautla. Matilde y Carmen eran amigas. Entrevistada por medios locales, dijo: “No merecemos esto los ciudadanos de Morelos, ya basta. Pedimos que no se minimice la situación, que no nos digan que es cuestión de percepción”. Cuatro años más tarde, ya retirada, Carmen hace balance: “Los investigadores no son profesionales. Y el personal que hay no es suficiente. Aquí en la zona oriental del estado hay un solo perito, un solo médico forense”.
Pese a la activación de la alerta de género, no parece que las cosas hayan cambiado en Morelos. Según cifras de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 2018 murieron asesinadas 79 mujeres. En un informe interno, el ombudsman local destaca los casos de mujeres desaparecidas solo en Cuautla. Entre enero y febrero fueron nueve. En 2018, 57. En ningún otro municipio del estado ocurrieron más casos que aquí.
Tampoco en México, enero de 2019 fue el mes con más asesinatos de mujeres desde que se tienen registros.
Aunque estos años se ha destacado el papel innovador de la alerta, las expertas han señalado sus carencias. Un informe elaborado el año pasado por dos académicas de Eurosocial, programa de la Unión Europea para mejorar la cohesión social en América Latina, concluía que su naturaleza es ambivalente. Prevista para tratar situaciones de emergencia, en realidad se usa con la intención de erradicar la violencia de género contra las mujeres. El problema, leía el informe, es la aplicación lenta y fragmentada de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007. O dicho de otro modo: “si el problema es la falta de investigación de los feminicidios, es difícil recomendar en el marco de la alerta una revisión de los casos, si los agentes carecen de información”.
La académica Teresa Incháustegui, que estuvo a cargo del Instituto de la Mujer en Ciudad de México, abunda en las críticas a la alerta: “Terminaron adjudicándole a la alerta situaciones que no puede resolver”.
En Cuautla, la maestra Carmen Genis sigue denunciando casos de violencia contra la mujer. Para ella, lo más importante es precisamente eso, denunciar. Cuando sale a la calle, cada vez que ve un cartel de alguna mujer desaparecida, llama enseguida a los teléfonos que aparecen. Se presenta y pregunta, “¿ya pusieron la denuncia?”.