La Comisión Estatal de Seguridad solicita a la ASF fiscalizar y, en su caso, fincar responsabilidades al extitular de la dependencia por presuntas irregularidades en el manejo de más 27 millones de pesos cuando estuvo a cargo de la seguridad en Morelos.
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar y, en su caso, fincar responsabilidades a Alberto Capella Ibarra, actual secretario de seguridad pública del estado de Quintana Roo, por presuntas irregularidades en el manejo de más 27 millones de pesos cuando estuvo a cargo de la seguridad en Morelos.
El pasado 13 de marzo, la CES acudió ante el órgano de fiscalización para advertir de las irregularidades detectadas en el manejo, administración, aplicación y desvío de los recursos federales de los Programas de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, relacionados con la adquisición de material e impartición de cursos de capacitación, adiestramiento y certificación de policías.
En el documento, la CES señaló ante la ASF como probables responsables de las irregularidades al tijuanense Jesús Alberto Capella Ibarra, que desde el 6 de enero de 2014 y hasta 13 de septiembre de 2018 fungió como comisionado estatal de seguridad pública de Morelos; Fernando Aldape Salas, director de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad de Morelos; Juan Carlos Peniche Payen, coordinador de Desarrollo y Vinculación; y quien o quienes resulten con responsabilidad administrativa.
“La intervención solicitada para el efecto de fincar las responsabilidades correspondientes a los ex funcionarios públicos y determinar bajo Auditoría Técnica Especializada, la cantidad total del desvío de los recursos federales y del perjuicio a la Hacienda Pública Federal y al Patrimonio del Estado Libre y Soberano de Morelos”, se señaló en el documento oficial.
En diciembre de 2018 el titular de CES, Antonio Ortiz Guarneros, reveló que su antecesor y actual secretario de seguridad de Quintana Roo pagó a una empresa 27 millones de pesos, proveniente de fondos federales, para capacitación y adiestramiento de elementos, pero en una revisión se descubrió que más de 400 policías recibieron certificados, pero en realidad nunca acudieron a los supuestos cursos que se impartieron en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad de Morelos.