Acude Santiago Nieto ante la Fepade, INE y Fiscalía General, donde acusa a empresas y políticos involucrados en la serie documental Populismo en América Latina. Fue una campaña negra, afirma el titular de la UIF.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, señaló ayer al Consejo Mexicano de Negocios, al gobierno del Edomex durante la administración de Eruviel Ávila, a la Sedesol, a la Sedatu en la gestión de Rosario Robles y a siete empresas más de estar involucradas en una campaña negra electoral contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre las compañías citadas por Nieto destacan OHL México y Grupo Peñoles de Alberto Baillères, uno de los hombres más ricos de México —de acuerdo con la revista Forbes— y a quien el expresidente Enrique Peña Nieto entregó en 2015 la medalla Belisario Domínguez.
También están ligados Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, quien fuera publicista de Peña, y la intermediaria Martha Matilde Mejía Montes, exdirectora de Zimat Consultores.
Las indagatorias de la UIF se concentraron en el entramado financiero para subsidiar el documental Populismo en América Latina, el cual fue publicitado durante la campaña presidencial para denigrar la imagen del tabasqueño.
“Se desarrolló un modelo de riesgo para atender el tema de financiamiento ilícito a la campaña, del cual emanó este proyecto”, explicó Nieto, quien ayer presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cuyo titular es José Agustín Ortiz Pinchetti.
Sin embargo, el caso será juzgado con base en la legislación anterior, la cual aún no consideraba como grave esta conducta.
Recién se modificó el artículo 19 de la Constitución para incorporar los delitos electorales al catálogo susceptible de prisión preventiva oficiosa.
La maquinación se denunció además ante el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República.
“Se presentará una denuncia por eventual lavado de dinero en términos de nuestra legislación. La investigación será contra las personas que instrumentaron el modelo para pagar este documental”, detalló.
Populismo en América Latina fue realizado por un grupo de producción llamado La División, el cual pertenece a la empresa Piña Digital, cuyo accionista es Javier García Mata.
Según la UIF, otra consorcio de nombre Conaxis recibió del Consejo Mexicano de Negocios recursos por 96 millones 900 mil pesos, de julio a septiembre de 2017: 18 millones 500 mil fueron enviados a Piña Digital y 34 millones a la referida Martha Matilde Mejía, quien fungió como intermediaria para entregar más de 8 millones de pesos a Quintero Iñiguez, expublicista de EPN y accionista de Grupo TV Promo.
A esta última empresa le fueron cedidos otros 47 millones 900 mil pesos (entre abril y julio de 2017) por parte del Bufete de Proyectos de Información y Análisis, empresa fachada reportada por operaciones irregulares y dedicada a desviar recursos para favorecer campañas políticas. En este asunto, los desvíos fueron desde la Sedesol y la Sedatu, durante la gestión de Rosario Robles.
También recibió, sin justificación, 186 millones de pesos provenientes de OHL México y 14 millones de la minera Servicios Administrativos Peñoles, entre abril de 2017 y julio de 2018; 2 millones 500 mil pesos (junio de 2017) de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del Gobierno del Estado de México, con Eruviel Ávila al frente, y 3 millones 600 mil (entre abril y julio de 2017) de la empresa Kimgo Servicios Empresariales, ya en la lista de personas bloqueadas.
“La ruta del dinero permite ver desde grupos empresariales, empresas de naturaleza privada, personas físicas que reciben el dinero para concentrarlo en dos personas, que son las encargadas, a partir de La Divina, de generar el proyecto de Populismo en América”, describió Nieto.
Al ser cuestionado sobre las sanciones a las cuales pudieran enfrentarse los actores involucrados, dijo: “La legislación prevé una penalidad de seis meses a tres años de prisión por hacer contrataciones; otro artículo establece una penalidad más alta: cinco a 15 años de prisión, pero con el Sistema Procesal Acusatorio y en virtud de que los delitos no ameritan prisión preventiva, cualquier averiguación abierta en el sistema tradicional implicaría libertad bajo fianza de manera automática”.
Si se aceptara culpabilidad, “el caso podría terminar en un acuerdo reparatorio en términos económicos. Los delitos electorales estaban constituidos para que no hubiera responsabilidad hacia a la clase política que cometía irregularidades”.
LOS INVOLUCRADOS
► Empresas: Piña Digital, Conaxis, Bufete de Proyectos de Información y Análisis, Grupo TV Promo, OHL México, Kimgo Servicios Empresariales y Servicios Administrativos Peñoles
► Personas físicas: Javier Mata (Piña Digital), Martha Matilde Mejía Montes (Zimat), Alejandro Jesús Quintero Íñiguez (Grupo TV Promo).
► Consejo Mexicano de Negocios
► Instituciones federales: Sedesol y Sedatu
► Funcionarios federales: Rosario Robles
► Gobiernos estatales: Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del Gobierno del Estado de México (Eruviel Ávila)
Ámbito:
Nacional
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