La fórmula piramidal se usó para promocionar el voto el año pasado, con un coordinador general que dirige a 32 delegados estatales, con 266 representantes regionales, 2 mil 500 representantes municipales y 8 mil operadores.
La nueva organización territorial del gobierno lopezobradorista para la entrega de apoyos sociales en el país, reprodujo la estructura de promoción del voto diseñada por Morena durante la campaña del año pasado, además de la cartografía empleada por el Instituto Nacional Electoral para organizar elecciones.
Se basa en una fórmula piramidal en la cual un coordinador general dirige a 32 delegados estatales, quienes a su vez controlan a 266 representantes regionales, 2 mil 500 representantes municipales y 8 mil operadores de espacios denominados centros integradores.
Esta figura, la de centro integrador, fue utilizada por Morena en la ya referida contienda electoral para impulsar el mensaje político del hoy Presidente de la República y convocar a encuentros informativos o asambleas entre militantes y seguidores.
Tanto en el esquema electoral del año pasado, como en la actual estrategia para repartir la ayuda económica a beneficiarios, se nombró como jefe a Gabriel García Hernández, quien fuera secretario de Organización del partido morenista y cuyo cargo actual es el de coordinador general de Programas de Desarrollo.
El martes por la tarde se reunieron en privado el presidente López Obrador, García Hernández y los 32 delegados estatales, con la idea de “estructurar las coordinaciones” y detallar “la nueva organización del gobierno territorial”, refirió ayer el propio mandatario.
En total, trabajarán en este modelo 11 mil operadores o funcionarios quienes –cada cual a su nivel— manejarán la llave de los recursos y el control de los padrones sociales.
García Hernández tendrá bajo su mando al delegado estatal y a cuatro subcoordinadores, uno por cada área en la cual se ha divido el gabinete: Seguridad y Gobierno; Hacienda y Desarrollo Económico; Energía, Comunicaciones y Transportes, y Bienestar. Es decir, cinco funcionarios por entidad.
“De ahí baja a 266 coordinaciones regionales, y luego a ocho mil centros integradores… Y desde luego, los cerca de dos mil 500 municipios o cabeceras municipales”, describió AMLO.
Sobre los centros integradores, explicó, se ubicarán en comunidades estratégicas, con mayor población que otras más pequeñas a su alrededor y más servicios básicos e infraestructura. En su selección se consideró también un criterio geográfico: se localizan a un promedio de dos horas en auto de la comunidad más distante en esa región, o a ocho horas a pie.
En los centros integradores, con una concepción similar a las células electorales creadas en la campaña para difundir la imagen de López Obrador y tejer redes de apoyo, las familias (estudiantes, jóvenes desempleados, adultos mayores, pequeños productores, artesanos, campesinos y personas discapacitadas) podrán gestionar la entrega de recursos o acudir a la entrega de dinero.
Crónica revisó la información proporcionada por algunos delegados estatales en torno a estos centros: habrá entre 40 y 300 en cada entidad, conforme a su tamaño y población, y se instalarán en clínicas, escuelas o sedes de organismos relacionados con el desarrollo de pueblos indígenas o con el ámbito agropecuario.
Según el proyecto, los puntos elegidos deberán contar con servicios como agua, luz, drenaje, conexión a internet y módulos con red bancaria, la cual será manejada por el Banco del Bienestar o por instituciones coadyuvantes como Banco Azteca o Banorte, pues cada beneficiario contará con una tarjeta para el retiro de efectivo.
En los centros trabajarán los llamados “servidores de la nación”, quienes primero se encargaron de promover el sufragio morenista y luego se han concentrado en alistar el censo del bienestar.
Este modelo sustituirá a las delegaciones federales, las cuales, señaló el Presidente, eran abundantes en el territorio nacional y consumían millones del presupuesto público: “En algunos estados había 30 o 40 delegados de las distintas secretarías federales, eso ya se elimina y significa un ahorro de alrededor de 15 mil millones de pesos. No se despide a trabajadores de base o sindicalizados, sólo a la estructura de confianza”.
El despliegue territorial para la repartición de becas y apoyos se asemeja, hasta en número, a la cartografía electoral del INE, cuya subdivisión geográfica del país contempla las 32 entidades federativas, 300 distritos uninominales, 2,458 municipios y 68 mil 400 secciones electorales. El propósito es, de acuerdo con su página oficial, “conocer la distribución de los ciudadanos con derecho a voto e identificar correctamente el domicilio del ciudadano cuando se inscribe por primera vez al padrón electoral, o bien al momento de realizar su cambio de domicilio”.
Y es espejo del engranaje usado por Gabriel García Hernández durante la última campaña presidencial, cuando era secretario de Organización de Morena y construyó una maquinaria para fomentar el voto pro-AMLO en las 32 entidades, en los 300 distritos y en 60 mil comités territoriales-seccionales del partido, donde miles de promotores tuvieron la encomienda de ir casa por casa enarbolando el discurso del candidato.
La Coordinación tendrá presupuesto asegurado para el sueldo de representantes y apertura de oficinas y centros. Tan sólo desde la Secretaría del Bienestar se autorizó para este año un presupuesto calendarizado para las otrora delegaciones por un monto mayor a mil 713 millones de pesos.
García Hernández fue director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor y responsable de la caja de prestación social de la Policía capitalina, durante la administración de López Obrador en la CDMX. Y fundó las asociaciones civiles Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, con el objetivo de recolectar fondos para campañas pasadas.
COORDINACIÓN NO APARECE EN MENÚ DE TRANSPARENCIA. La plataforma de transparencia no contiene en su menú de dependencias a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, encabezada por García Hernández, cuya misión, se señala en la página de la Presidencia, es “coordinar a los delegados estatales y regionales del gobierno federal, y ejecutar los programas integrales de desarrollo económico-social en beneficio de las comunidades, pueblos, municipios y estados”.
DELEGADO EN BC; SE VA EL PRIMERO A CAMPAÑA. Ayer Amlo fue cuestionado sobre Jaime Bonilla, quien abandonó ya su cargo como delegado federal en Baja California para buscar la candidatura de Morena al gobierno del estado.
— ¿El caso comprueba que todos los delegados estarán buscando cargos electorales? —se le preguntó.
—No se comete nada ilegal, nada que esté impedido, prohibido –respondió.