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Pendiente, aprobación de extinción de dominio

 

- Encaminada a extirpar uno de los cánceres que aquejan al país: la corrupción en el ejercicio del servicio público”
 

Los atrasos legislativos continúan, como lo han aceptado los parlamentarios. En ese sentido, reconocen que la delincuencia ha rebasado a las autoridades; se han multiplicado los feminicidios. Por tanto, los del Partido del Trabajo informan que apoyarán la extinción de dominio.

Aducen que en los dos últimos se ha incrementado el poder de los grupos delictivos, a consecuencia de la fortaleza económica y financiera que han acumulado en perjuicio de la misma sociedad. De ahí que van a apoyar las reformas y, en tal sentido, emitirán su voto aprobatorio de la minuta enviada por el Congreso de la Unión en materia de extinción de dominio, “porque va encaminada a extirpar uno de los cánceres que aquejan al país: la corrupción en el ejercicio del servicio público”.

Destacan que para nadie hay duda sobre los daños que la delincuencia organizada ha causado a la sociedad, con la violencia irracional que masacra vidas y haciendas; y arrebata la paz y tranquilidad a la que aspiran las familias de México.

“En los dos últimos sexenios hemos sido testigos, de cómo han incrementado su poder estos grupos, gracias a la fortaleza económica y financiera que han acumulado en perjuicio de la misma sociedad”, lamentan.

Detallan que la extinción de dominio, que establece la pérdida del derecho de propiedad cuya adquisición proviene de fuente ilícita a favor del Estado y sin ninguna contraprestación económica para su titular, no tiene otra finalidad que la de reducir la capacidad financiera y económica de los grupos de la delincuencia organizada.

Dichas modificaciones al artículo 22 constitucional, tienen su origen en la gran reforma del año 2008, y “haremos nuestra aportación votando a favor, para avalar el carácter imprescriptible de esta figura jurídica, y que los bienes mal habidos, producto de actos de corrupción corran la misma suerte”.

Hasta el mes pasado, esta primera reforma constitucional fue aprobada por 17 congresos locales y está a un paso de ser promulgada. De acuerdo a información oficial, las modificaciones a los artículos 22 y 73 de la Constitución buscan hacer eficaz la recuperación de activos en delitos como: corrupción, robo de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos, extorsión, encubrimiento, delitos contra la salud, ilícitos cometidos por servidores públicos, secuestro, trata de personas y robo de vehículos.

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