Si bien informó que se cancelarán alrededor de 73 de las denominadas “jubilaciones doradas”, por detectarse irregularidades, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz no dio nombres.
Dijo, sí, que se trata de funcionarios del régimen del ex gobernador Graco Ramírez Garrido; esto se dio al interior de la Comisión del Trabajo, en la que estuvo la mayoría de los representantes populares.
Agregó que, de manera paulatina o gradual, se van a ir cancelando estos beneficios, que se otorgaron al final del parlamento anterior, como una forma de “apoyar” a familiares de la clase política. El cauce jurídico específico consiste en “abrogar los decretos pensionarios”, acotó. Añadió que los “expedientes tienen que estar bien hechos para empezar a actuar”. Se han puesto de acuerdo para dilucidar la manera de cómo proceder.
Adujo que se irán sacando paquetes de 25 a 30, en lo sucesivo, con lo que cumplirán con uno de sus principales compromisos, cuando asumieron las riendas del Congreso, el primero de septiembre del año pasado. Así, a un poco más de seis meses, están consensuando la forma en cómo actuar. Puntualizó que, al ser 73, la siguiente semana se “sacarían” 30; luego, 25 y, al final, el resto, para completar el universo antes citado.
La legisladora, quien preside la Junta Política y de Gobierno, expuso que no puede adelantar más que este tipo de información numerológica; por lo que la ciudadanía, la opinión pública y los medios de información esperarán a las sesiones respectivas, para que conozcan los nombres de los involucrados. Al haber falseado información, “y al mentir”, habrá sanciones, conforme lo estipula la ley. El personal involucrado se hará, por tanto, acreedor a sanciones.
Finalizó que estas conclusiones emanaron del informe que presentó el secretario técnico de la comisión respectiva y, de esa forma, fue como se dieron por entendidos y homogeneizaron los procedimientos. No obstante, admitió que, por la delicadeza de los temas, no se harán públicos, por el momento. Los legisladores no tenían estos pormenores. Dijo que, debido a los atrasos legislativos, van a sesionar los próximos jueves 28 y, quizá, el viernes 29.
Adelantó que se procedería penalmente contra aquellos servidores públicos que tergiversaron la información.