El Senado aprobó que el Presidente y los integrantes del Congreso de la Unión puedan ser juzgados, durante su gestión, por delitos electorales, corrupción, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas.

Con 111 votos a favor y sólo uno en contra, el pleno avaló limitar la inmunidad procesal del Ejecutivo federal en funciones, que hasta ahora sólo puede ser enjuiciado por traición a la patria.

La reforma, que pasará a la Cámara de Diputados, implica cambios a los artículos 108 y 111 de la Constitución.

 

 

El primero establece que “durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República, así como los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los señalados en el artículo 19, segundo párrafo”.

Este último establece que “el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

En tanto, la reforma al 111: “para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110”, aclara.

 

Limitan inmunidad del Presidente

 

El pleno del Senado aprobó la reforma constitucional para que el Presidente de la República, los senadores y los diputados federales puedan ser juzgados, durante su periodo de gobierno, por delitos de corrupción y electorales, así como los delitos graves de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas.

Con 111 votos de todas las fuerzas políticas y sólo un voto en contra, el Senado aprobó con cambios la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para limitar la inmunidad procesal de la que goza el mandatario en funciones, que hasta ahora sólo puede ser juzgado por traición a la patria.

La reforma al artículo 108 constitucional establece que “durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República, así como los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión, podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los señalados en el segundo párrafo del artículo 19. En todos los casos se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de esta Constitución”.

El artículo 19 de la Constitución establece en su segundo párrafo que “el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

La reforma aprobada ayer también incluye una modificación al artículo 111 de la Constitución, a fin de aclarar que “para proceder penalmente contra el Presidente de la República sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”.

 

 

Óscar Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y senador de Morena, dijo que la reforma es un mecanismo que pretende inhibir la corrupción en las esferas del gobierno, porque este fenómeno es la principal causa de la desigualdad que padece el país.

Indira Rosales, legisladora del PAN, consideró que la reforma abona en transparencia, combate a la corrupción y para que todos tengan piso parejo en materia legal.

Nuvia Mayorga, del PRI, subrayó que el dictamen robustece el régimen de responsabilidades y de rendición de cuentas. No se elimina el fuero, aclaró, pero se amplía el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, particularmente del Presidente y de los legisladores.

Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD, afirmó que con este dictamen se da un mensaje a la ciudadanía: que no estamos en dos raseros distintos. Tanto el Presidente, como las y los legisladores podremos ser juzgados. No habrá distinciones, aseguró el perredista.