Un fracaso en Morelos medidas de apoyo y normalización de la vida en comunidades afectadas por sismos de 2017
Entre otras anomalías, no hubo justificación en la aplicación de recursos que ejercieron dependencias nacionales
Fueron un fracaso en Morelos las medidas de apoyo y normalización de la vida en las comunidades afectadas por los sismos de 2017, que debieron aplicar distintas dependencias del gobierno federal, se desprende de las auditorías aplicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), recientemente terminadas. Entre otras anomalías, hubo falta de justificación en la aplicación de recursos que ejercieron dependencias de la autoridad nacional.
Como parte de un informe presentado hace unos días al Poder Legislativo de la Federación, la ASF dio cuenta de la fiscalización aplicada sobre atención a la población afectada y los procesos de reconstrucción de los daños tras los fenómenos sísmicos y meteorológicos ocurridos en el año en mención, en Morelos, Chiapas y Oaxaca.
En materia de reconstrucción de vivienda, el órgano fiscalizador apuntó específicamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) como las dependencias del gobierno federal responsables de no haber logrado alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población, previo a los daños ocurridos.
La población damnificada, contabilizada en 506 mil 298 personas, en Morelos y las otras dos entidades, “no recibió las acciones suficientes por parte de las autoridades, en virtud de que se identificaron fallas en los mecanismos de control de Sedatu y Bansefi”, dice textualmente el informe en mención.
Además, no hay forma de asegurar que hubo una correcta programación, priorización y entrega de los recursos del Fonda Nacional de Desastres, destinados a la reconstrucción y rehabilitación de viviendas, quedó señalado.
También reprobada resultó la Secretaría de Gobernación (Segob) que encabezó Miguel Ángel Osorio Chong. La dependencia careció de los Atlas de Riesgos Municipales que debía haber tenido a disposición, relacionados con el 85.3 % de los 592 municipios afectados.
La Segob, igualmente, no contó con un programa de trabajo para el fortalecimiento de la normativa institucional en materia de protección civil y planes de contingencias; tampoco identificó el universo de instituciones de los tres órdenes de gobierno. “En suma, la SEGOB al no contar con diagnósticos y programas precisos, no contribuyó a la toma de decisiones para la reducción de riesgo de desastres, por lo cual la protección civil en materia de sismos continúa privilegiando un enfoque reactivo, en lugar del preventivo”.
Deficientes, obras de comunicaciones y censos
En materia de acciones en comunicaciones, la misma fuente sustentó que la Secretaría del ramo (la SCT) generó observaciones del ente vigilante por 77.4 millones de pesos. Lo anterior, a raíz de la ausencia de documentación “justificativa y comprobatoria en el ejercicio de los recursos, a la falta de aplicación de penas convencionales a proveedores y a la no acreditación de la instalación de 221 aulas móviles”.
Uno de los fundamentos para estar en posibilidades de hacer efectiva la ayuda en materia de desastres es el levantamiento correcto de un censo de los afectados. A ese respecto, el documento responsabilizó a la Sedatu por no haber realizado ese conteo ni haber podido ofrecer un padrón suficiente y confiable de las viviendas afectadas. Paralelamente, se estableció que el Bansefi no dispuso de procedimientos específicos para la entrega confiable y oportuna de los recursos.