Cd. de México (17 junio 2016).- El PRI y sus aliados en la Cámara de Diputados resistieron las críticas de la sociedad civil y la iniciativa privada e impusieron ayer su mayoría para aprobar una Ley 3de3 debilitada.
También mantuvieron la obligación para que tanto las personas físicas como morales que firmen contratos con el Gobierno o ejerzan recursos públicos presenten sus declaraciones patrimonial y de intereses.
"Donde no hay consenso caben las mayorías. Ya ocurrió en el Senado; no es la primera vez que ocurre", aseveró por la tarde el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho, antes de que comenzara la discusión.La mayoría tricolor ignoró la solicitud que representantes de la sociedad civil (del Imco, la Coparmex, Transparencia Mexicana y Red por la Rendición de Cuentas, entre otros) formularon para quitar los candados que le pusieron a la publicidad de las declaraciones de los servidores y eliminar la inclusión de los particulares.
Las fracciones del PAN, el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en la tribuna para que se recuperara el espíritu de la iniciativa, que reunió 634 mil firmas a fin de que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones para que la autoridad y la sociedad civil puedan hacer un seguimiento de su evolución patrimonial.
La Oposición fracasó en su intento de lograr una ley 3de3 completa y revertir la redacción aprobada en el Senado.
A las bancadas del PAN, el PRD, MC y Morena les faltaron 20 votos para lograr que la mayoría priista aceptara discutir el cambio al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que planteaba regresar a la redacción original de la iniciativa firmada por más de 600 mil ciudadanos.
"Lo que desfiguró la iniciativa 3de3 es el temor de que el pueblo sepa lo mucho que tienen unos pocos y que lo han hecho desde el poder", dijo el perredista Javier Nava.
Con 228 votos en contra se manifestaron los diputados del PRI, PVEM y el Panal, y favor de la redacción original hubo 209 votos.
Al final de la votación, aparecieron 10 diputados del PES que hicieron una reserva para cambiar el artículo.
Desde las bancadas del PRD, MC y Morena les gritaron "traidores, traidores".
El artículo quedó en sus términos, por lo que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, "salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos".
Se establece que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos.
Tampoco hubo cambio alguno en el artículo 32, que obliga a que presenten las tres declaraciones las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o tengan contratos con los tres niveles de Gobierno.
La panista Guadalupe Murguía dijo que la ley está destinada a servidores públicos y regula a particulares.
Sin cambios, tres de las siete leyes del sistema anticorrupción se turnaron al Ejecutivo federal.