Indican que algunos de los cambios avalados ayer por los legisladores resultan excesivos y que otros, de plano, son inaplicables en la práctica.
En un hecho sin precedentes, empresarios de todo el país, pertenecientes a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), realizaron una protesta en el Ángel de la Independencia contra los cambios hechos por los senadores al Sistema Nacional Anticorrupción; argumentaron que lejos de contribuir a la transparencia, la iniciativa generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y atacar la corrupción.
“Algunos senadores pretenden ahora pedir a los trabajadores y a las empresas de este país que hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer con sus representados”, señalaron.
Además, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicó que algunos de los cambios avalados por los legisladores resultan excesivos y otros son inaplicables en la práctica.
Ahí, en el Ángel de la Ciudad de México, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, acompañado por al menos 200 empresarios del organismo, así como líderes de centros empresariales, indicó que los cambios son “ocurrencias” y contravienen el espíritu de la iniciativa original, misma que fue respaldada por 634 mil firmas de ciudadanos.
Las adecuaciones realizadas en el Senado son algunas adiciones en los artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las cuales se establece que cualquier particular (persona física o moral) deberá presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, siempre que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con “entes públicos” federales o locales.
También se adicionó la obligación de presentar la 3de3 a las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales que se encuentren obligadas a presentar sus respectivas declaraciones.
En los artículos 36 y 37 se faculta a las secretarías de la Función Pública (federal y locales) y órganos internos de control para realizar investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los particulares, y en el caso que la investigación arroje un incremento al patrimonio que no sea explicable en razón de los recursos recibidos o contrato celebrado con un ente público, se podrá denunciar al particular ante el Ministerio público.
Asimismo, los senadores avalaron cambios de lo artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades, en los cuales se eliminó la posibilidad de contar con contenidos mínimos de la declaración patrimonial y de intereses que los servidores públicos habrían de presentar ante las autoridades para poder establecer mecanismos de seguimiento de la evolución patrimonial y evitar conflictos de interés.
Es preciso resaltar que estas declaraciones patrimoniales y de intereses podrán omitir los rubros que cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución y para tal efecto, se contará con el Comité Coordinador, que será propuesta, a su vez, del Comité de Participación Ciudadana.
Este órgano será el encargado de emitir los formatos respectivos, para garantizar que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.
A decir del presidente de la Coparmex, la obligatoriedad de que el sector privado presente las declaraciones es un ardid político que trata de desviar las responsabilidades de los funcionarios públicos a los ciudadanos.
“Esta ocurrencia de madrugada de tratar de trasladar a la sociedad, a los empleados, a los colaboradores, a quienes participan en la iniciativa privada, para que cumplan con obligaciones que son propios de los funcionarios públicos, es un despropósito”, subrayó.
El dirigente empresarial, acompañado por empresarios de todo el país, indicó que si se insiste en este punto lo más probable es que el sistema Nacional Anticorrupción pueda colapsar.
“Parecería que el propósito sería levantar una cortina de humo, tratar de camuflarse entre millones de declaraciones para que aquellas que de verdad nos importan, que son las de los funcionarios, quedaran ocultas”, puntualizó.
El dirigente empresarial confiaba en que en la Cámara de Diputados se pudieran corregir los errores y cambios que se han aprobado a la ley 3 de 3, para que sean acorde al espíritu que pidieron los ciudadanos.
A su vez, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, en audioconferencia desde Estados Unidos, indicó que debe de haber una reglamentación especial para las empresas sobre el ejercicio de gasto público en los cuales las empresas participen.
Indicó que están de acuerdo en que se sancione a empresas que incurran en actos de corrupción, en su relación con funcionarios públicos, en lo referente a cualquier servicio que se licite; no obstante, señaló que estos cambios son inoperantes.
Explicó que solo en Compranet existen más de 100 mil empresas registradas y que la redacción propone que todos los empleados de cualquier nivel, de todas las empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas tendrían que presentar declaraciones.
“Desde el gerente general hasta los empleados de mantenimiento o mensajería e incluso, podría interpretarse, todas las empresas que estén vinculadas comercialmente de alguna manera con los proveedores del Estado. Estamos hablando de cientos de miles, o millones, de personas”, indicó.
En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, Humberto Lozano, indicó que es lamentable que el contenido original de la propuesta ciudadana 3de3 haya quedado en una condición potestativa para los servidores públicos.
Agregó que la finalidad última de la iniciativa era la de transparentar ingresos, posibles conflictos de interés y la información de las declaraciones fiscales de las personas que tienen a su cargo las grandes decisiones de orden público y la aplicación del dinero que pertenece a todos los mexicanos.
A estos planteamientos se sumaron Javier Angulo del CIDE; Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana; Enrique Cárdenas, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, así como María Amparo Casar, de Mexicanos contra la Corrupción, entre otros especialistas, que señalaron que el país exige contar con un marco jurídico robusto y eficaz para combatir la corrupción.
Señalaron que los cambios aprobados carecen de viabilidad técnica, obstaculizan el buen funcionamiento del Sistema Anticorrupción y banalizan la utilidad de herramientas orientadas a la prevención y detención de actos ilegales.
:CLAVES
RECONOCIMIENTO
Los empresarios reconocieron a los senadores que votaron en contra: “Queremos reconocer públicamente a los senadores que sí asistieron a votar y que sí votaron en favor del espíritu original de las iniciativas”.
“A esos senadores que no tuvieron miedo de transparentarse frente a sus representados y, sobretodo, de dar este paso firme en la dirección correcta, en el sentido de lo que los mexicanos esperamos de nuestra clase política: para ellos nuestro claro y completo reconocimiento”.
En la columna de la Independencia los empresarios criticaron la “ocurrencia de madrugada” del Senado. (Jesús Quintanar)
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