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Setenta jubilados del Congreso con cobran "pensiones doradas"

 

Van de los 20 a los 50 mil pesos, revela estudio del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" 

 

El pago absorbe un gasto de 50 mdp del presupuesto de 450 mdp que recibirá este año el Legislativo 

 

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas", al menos 70 trabajadores jubilados del Congreso de Morelos cobran "pensiones doradas", que van de los 20 mil a los 50 mil pesos.

El pago de pensiones y jubilaciones absorben un gasto de 50 millones de pesos del presupuesto de 450 millones de pesos que recibirá este año el Poder Legislativo

En el ejercicio de investigación de la asociación civil se revela una lista con los nombres: Cerli Barón Armenta, ex secretaria de Administración; Karina Arteaga Gutiérrez, ex directora de Recursos Humanos, ambas reciben una  jubilación cercana a los 50 mil pesos.

En la lista también aparecen los ex titulares de  la extinta Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), Luis Manuel González Velázquez y Gerardo Casamata Gómez y quienes consumen una pensión mayor a los 26 mil y 35 mil pesos mensuales, respectivamente.

En el estudio, también se encuentran de beneficiarios con pensión millonaria el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) designado por la pasada legislatura, el ex panista Joaquín Roque González Cereso, es beneficiario con una pensión mayor a los 26 mil pesos.

En el reporte, otro de los beneficiarios es el ex diputado local del Partido Nueva Alianza, Ulises Vargas Estrada cobra la cantidad de 26 mil pesos al mes.

Con base en los datos del Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas” dichas pensiones y jubilaciones onerosas significan un gasto anual para el Poder Legislativo de aproximadamente 50 millones de pesos, mientras que al mes consumen del presupuesto 3.4 millones de pesos.

El co-editor de la asociación civil, Roberto Salinas Ramírez, opinó que el Legislativo debe revisar su validez, debido a las evidencias de que muchas de las jubilaciones autorizadas por la pasada legislatura no cumplieron con los requisitos de ley.

“Verdaderamente esto se puede convertir en un problema y dolor de cabeza, el gasto que representa el pago de jubilaciones y pensiones se puede convertir en una carga financiera”, dijo el investigador.

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