Rastrean a líderes de mafias que trafican documentos; el subsecretario Alejandro Encinas advierte castigo a quienes violan la ley y ofrecen “falsas expectativas”; detectan promoción de combo de traslado en medios hondureños; Pueblo Sin Fronteras pide a Solalinde pruebas de acarreo
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, afirmó que ya se investiga la venta de paquetes a migrantes por parte de bandas del crimen organizado.
En conferencia de prensa, y a pregunta expresa de La Razón, el funcionario acotó: “Están vendiendo falsas expectativas; se detectan en países como Honduras y cómo, a través de los medios de comunicación, hacen ofertas para llevarlos a Estados Unidos mediante paquetes integrados, lo cual es una actividad ilícita, porque viola la legislación de nuestro país; se estará actuando en ese sentido”.
De acuerdo con Encinas se busca identificar a los líderes de los grupos delictivos que actúan con este modus operandi, ya que no puede existir tráfico de visas humanitarias, porque éstas se otorgan directamente a la persona que facilita sus datos biométricos y huella digital.
El Gobierno federal ha encontrado y chocado con intereses muy fuertes en lo que respecta a política migratoria, añadió, principalmente con las bandas de traficantes de personas que han visto afectados sus mecanismos de operación.
“Se pasa el padre (Alejandro Solalinde). Está mintiendo y como el Gobierno no puede responder a las críticas, diversos actores responden como él. Ahora, todo lo que pase con los migrantes es nuestra culpa”
Irineo Mujica
Vocero de Pueblo sin Fronteras
“Cuando establecimos la visa humanitaria, la gente ya no cruzaba por el río Suchiate, sino por el Puente Internacional Rodolfo Robles. Esto no le ha gustado a muchos traficantes”, mencionó.
La Razón informó en su edición de ayer que polleros y supuestas agencias de viaje venden a migrantes paquetes para movilizarlos a México vía terrestre y tramitar su visa humanitaria por un pago entre siete y 10 mil dólares.
En este sentido, el vocero de Pueblo sin Fronteras, Irineo Mujica, una de las organizaciones señaladas de incurrir en acarreo de migrantes, aseguró que los dichos del sacerdote Alejandro Solalinde, directos del albergue Hermanos en el Camino, son falsos.
“Se pasa el padre, pero qué le voy a hacer. Está mintiendo y como el Gobierno no puede responder a las críticas, diversos actores como él lo hacen. Ahora, todo lo que pase con los migrantes es nuestra culpa”, recriminó.
Asimismo, acusó que se ha desviado la atención hacia su movimiento porque las autoridades no pueden contener a las caravanas que llegan al país. “Apenas, la Secretaría de Gobernación nos acusó de que estábamos generando la caravana madre,y fue una mentira”, puntualizó.
Además, Mujica señaló que quien acusa debe demostrar sus dichos: “Si realmente dicen que estamos acarreando gente, por qué no hacen nada, por qué no nos agarran. Nos ponen en peligro al decir que acarreamos a las personas”.
En tanto, la Segob informó que las agresiones en contra de la estación migratoria Siglo 21, en Chiapas, donde un grupo de cubanos intentó incendiar las oficinas, serán sancionadas, ya que cualquier persona que se encuentre en el país debe ajustarse a las leyes mexicanas, y hechos vandálicos como los del pasado miércoles, no se deben permitir.
Alertan por dos nuevas caravanas
En Chiapas y Veracruz se tienen detectadas dos nuevas caravanas de migrantes, debido a que la llegada de centroamericanos continúa en el país, informó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.
“Tenemos en Chiapas a tres mil (indocumentados); y en Veracruz, dos mil 800. Básicamente les damos albergue, comida, se registran y se les da atención médica”, precisó.
En ese contexto, y durante una entrevista al llegar al Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán, Sánchez Cordero estimó que “el siglo XXI, es el siglo de las migraciones”.
Recordó que el cambio en la política migratoria en el país tiene el objetivo de no criminalizar, perseguir o discriminar a quienes buscan una oportunidad de vida en nuestro país y que huyen de la violencia y la pobreza.