Siempre y cuando se les compruebe la comisión de uno o varios ilícitos para evitar la impunidad
La ley protege y da herramientas a los fiscales para iniciar procedimientos apegados a la norma
Consideró Gerardo Albarrán Cruz, presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Morelos, que ante una nueva etapa de gobierno y de justicia, es favorable que se aplique todo el peso de la ley en contra de ex funcionarios incluido el ex gobernador Graco Ramírez, siempre y cuando se les compruebe la comisión de un ilícito.
En este sentido, dijo que la ley protege y da herramientas a los fiscales para que establezcan estados y procedimientos apegados a la norma, y se planteen las carpetas de investigación con las pruebas y evidencias que hagan más accesibles y fácil la toma de una decisión judicial, que se generen resolutivos o dictámenes de la autoridad para que se sancione a los culpables.
“Hoy estamos en una etapa distinta en la que se construye una sociedad distinta basada en el respeto a la ley, y los principales promotores de esto, deben ser los funcionarios gubernamentales de los tres poderes, lo que es una exigencia popular y no puede soslayarse”.
En el caso del ex gobernador Graco Ramírez como de cualquier otro ex funcionario que se presuma que haya cometido algún tipo de irregularidad o ilícito, tiene que llamarse a cuentas y que sea la autoridad correspondiente con una carpeta bien estructurada con todos los elementos propios para que se tome una determinación y que sea la autoridad la que defina el grado de responsabilidad y sanción.
Gerardo Albarrán dijo que en materia de justicia, “a cada quién lo que le corresponde”, y cuando alguien ha abusado de su cargo y del erario público sin dar solución a la problemática actual, se tiene que proceder y sancionar para resarcir los daños patrimoniales o de cualquier índole que hayan causado a la sociedad.
Por eso aplaudió las nuevas etapas que en el sistema de gobierno se realizan lo que conllevará a cambios estrictos y vigilados de los impartidores de justicia, quienes deben someter a las leyes a toda persona o personaje que se presuma haya cometido algún delito que atente contra los intereses de la sociedad.