CIUDAD DE MÉXICO.

En el primer bimestre del año, el gobierno federal transfirió 12 mil 770 millones de pesos a las entidades federativas en rubros que están sujetos a negociación política, la cifra más baja en 11 años para un mismo periodo y que implicó una caída de 52.8% en términos reales frente al primer bimestre de 2018, revelan cifras de la Secretaría de Hacienda.

Al interior de estas transferencias, las más castigadas fueron los convenios de reasignación, que, con 20 millones de pesos, tuvo una caída de 99.3% real en el primer bimestre.

A éstas le siguieron los subsidios del Ramo 23, que registraron 632 millones de pesos e implicó un descenso de 93.2% real; en tanto que las menos castigadas fueron los convenios de descentralización que sólo retrocedieron 18.4% real, al contabilizar 12 mil 118 millones de pesos.

Por entidades, las que vieron disminuir más los recursos fueron Ciudad de México, con 97.9% anual; Tlaxcala, con 97.6%; Quintana Roo, con 95.7%; Campeche, con 88.8%, y el Estado de México con 74.5 por ciento.

En cambio, las únicas beneficiadas fueron Jalisco y Guanajuato, con aumentos de 2,618 y 216.6% anual, respectivamente, seguidas con las menores caídas de Oaxaca (9.3%), San Luis Potosí (10.4%) y Coahuila (25.3 por ciento).

 

OBJETIVOS

 

Para Kristobal Meléndez, coordinador de finanzas subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la reducción de las transferencias del Ramo 23, de convenios de descentralización y de reasignación se enmarcan en las promesas de lucha contra la corrupción que pretende la actual administración.

Se trata de transferencias sujetas a negociaciones entre gobernadores y la federación, que no están reguladas por la Ley de Coordinación Fiscal, y que ya desde el Paquete Económico 2019 se propusieron disminuirlas. Estos convenios muchas veces carecen de transparencia y rendición de cuentas, no son de fácil consulta ni de fácil seguimiento. Incluso, apenas recientemente la Auditoría Superior de la Federación puede fiscalizar el ejercicio de los recursos comprometidos en estos convenios”, señaló Meléndez en entrevista con Excélsior.

Asimismo, el analista comentó que la reducción de las transferencias discrecionales tiene un segundo objetivo, y es que los gobiernos estatales se vean obligados a fortalecer sus ingresos propios, tema que se discutirá en la Convención Nacional Hacendaria a celebrarse en agosto o septiembre.

La idea del gobierno federal y los legisladores es que los estados puedan fortalecer las finanzas locales a través del impuesto predial y la tenencia vehicular. Éstos ya son impuestos locales, pero el objetivo de la Convención es que todos los estados se comprometan a cobrar por igual estos dos impuestos para que no haya desequilibrios ni incentivos a la evasión, que es lo que hoy ocurre”, comentó el especialista del CIEP.

Meléndez comentó que “la reducción de las transferencias sujetas a negociación promoverá una mayor disciplina financiera. Antes, estos recursos solían usarse para sanear riesgos de impago en distintos compromisos de los estados. Ahora se busca no incentivar más esta práctica”.