La historia de la herencia maldita en Morelos tiene sus inicios desde 1995, con la llegada al Gobierno estatal del general Jorge Carrillo Olea, extitular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); en ese entonces, garantía de que la entidad seguiría campamente.

Para muchos, al "general" le complicaron el gobierno por su animadversión política que se ganó con el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo; para otros era un mal que trajeron a quienes se combatió desde la clandestinidad en el órgano de inteligencia mexicana. Cualquiera que haya sido el caso, durante ese periodo aumentaron gradualmente los secuestros en la entidad hasta casi llegar a 280 en un año y medio.

Aunque el gobernador Carrillo Olea buscó deslindarse por todos los medios, la situación se salió de control y el procurador Peredo Merlo, así varios funcionarios fueron arraigados ante la presunción de su participación con bandas de secuestradores.

Activistas señalaron que las bandas eran dirigidas desde la policía judicial; asimismo, el clamor de organizaciones como la CIDHEM, Causa Ciudadana, entre otras, fue en aumento e inició la organización de marchas ciudadanas masivas.

En este periodo, la industria del secuestro creció exponencialmente y dejó ganancias de hasta 100 millones de pesos en un año y medio, calculan activistas.

Sin embargo, el clamor social, alentado desde las esferas federales del poder en contra del gobernador, provocó al final la caída del jefe del Ejecutivo, al ser señalado por tener supuestos nexos con el narcotráfico, según fue publicado por el periódico estadounidense The New York Times. Carrillo Olea dejó la gubernatura morelense en mayo de 1998.

Con la salida de Jorge Carrillo Olea del Gobierno estatal, el Congreso designó al priista Jorge Morales Barud para concluir el periodo que correspondía a su antecesor, por lo que se hizo cargo de la administración de 1998 a 2000.

La ola azul

El inicio del nuevo siglo fue una transformación radical, mientras que a nivel federal la ola azul prácticamente envolvía el territorio nacional, Morelos no era la excepción, con su oferta del cambio y de “caras nuevas” ganaba la gubernatura a través de Sergio Estrada Cajigal Ramírez.

Con el paso del tiempo, la esperanza de la gente comenzó a diluirse, al mostrar la inexperiencia de su gobernador. Durante su gobierno, la violencia y la inseguridad no solo venía de la delincuencia; ante cualquier reclamo de los ciudadanos, la autoridad estatal repartía golpizas y desalojos, según en las crónicas de aquel tiempo.

Las frivolidades de la administración estatal pusieron en evidencia su inexperiencia y que su prioridad era satisfacer sus ambiciones personales; tres meses después de haber tomado protesta, fue expuesto con los “sergiobonos”, con los que los funcionarios amigos del gobernador, incluido él, se asignaron tres meses de salario y aumentaron los sueldos.

Además de estos abusos, la seguridad continuaba campeante; los secuestros y las extorsiones eran imparables. En medio de la ineficacia y la corrupción, su gobierno encabezó más de 10 desalojos con las fuerzas policíacas; el tráfico de drogas, el secuestro y el robo de autos eran los delitos con más alto índice en la entidad.

Herencia de Hermano

A pesar de todos estos abusos y de la ola de represión e inseguridad, de la falta de proyectos y de apoyo total a grandes empresas en lugar de los pequeños microempresarios, los morelenses volvieron a entregar su confianza a otro panista, un doctor de nombre Marco Antonio Adame Castillo, quien gobernaría de 2006 a 2012.

Para ese momento, las violaciones, los homicidios y secuestros se aplicaban por igual a toda la gente, el robo de autos y el cobro del derecho de piso aumentaron.