"Esto es muy grave y muy delicado", dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, antes de acusar a las autoridades del proyecto aeroportuario de Texcoco de ocultar información en forma dolosa, de intentar blindar la continuidad del proyecto con acciones ilegales y de dejar una carga financiera a la administración federal 2018-2024.
Un informe de Parsons, empresa gerente del proyecto Texcoco, es la clave de estas acusaciones pues en él quedó claro que el costo de la megaobra iba a ser superior de lo previsto y que, en el mejor de los casos, la operación sería posible hasta 2024, un par de años después de lo que se hizo público.
El funcionario lopezobradorista anunció que este ocultamiento de información y acciones que atentaron contra el erario serán puestas a la vista de las autoridades competentes. Hay nombres de por medio, incluyendo a Alfredo del Mazo y al ingeniero Alfredo Elías Ayub, quienes aparecieron en los anexos de contratos como “asesores” del proyecto.
El 22 de junio, Parsons envió un oficio en el que se determinaba que el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México había aumentado en costos 17 mil millones de dólares y que la operación del mismo sólo sería posible hasta septiembre de 2024. Jiménez Espriú fue enfático en que este documento no fue mostrado al Consejo de Administración de la obra, ni a los inversionistas, ni a Hacienda ni al equipo de transición una vez que López Obrador ganó las elecciones. No aparece en los libros blancos que el equipo de Enrique Peña Nieto entregó a sus sucesores.
“La información de Parsons se ocultó”, dijo el secretario, “se mintió sin recato, por ello reiteradamente dijimos que se trataba de un elefante blanco, un pozo sin fondo, que deberán analizar las autoridades competentes”.
Más allá de aspectos técnicos, como la falta de cálculo para algunas obras y la modificación de otras que no fueron informadas adecuadamente, Jiménez Espriú se mostró molesto por movimientos con los que, asegura, trataban de blindar al aeropuerto contra una cancelación. Además, compensaciones en caso de retrasos de la obra (algo que los funcionarios ya sabían que ocurriría por el informe de Parsons) se habrían hecho igualmente con dolo, a pesar de que dichos funcionarios firmaron no tener conocimiento de información sobre un retraso en el proyecto aeroportuario antes de emitir, por ejemplo, acciones para el financiamiento de la mayor obra del sexenio peñista.
En particular, la emisión de los valores denominados Fibra E, destinados a financiar obras específicas dentro del terreno, se hizo en forma innecesaria, acusó Jiménez Espriú, toda vez que en ese momento había fondos suficientes. Lo que ve el funcionario lopezobradorista en esa acción es un intento más de evitar una cancelación del proyecto Texcoco.
Para redondear la acusación, el secretario de Comunicaciones y Transportes indicó que se corroboró que era una mera leyenda urbana aquella cifra de 140 millones de pasajeros anuales, pues para ello se requerían 10 mil millones de dólares extras. En realidad, el nuevo aeropuerto sólo recibiría 55 millones de pasajeros, es decir, 10 millones arriba respecto a la terminal actual Benito Juárez de la Ciudad de México.
En un apartado de su alocución denominada Aspectos Procedimentales y jurídicos, el secretario amlista se dio el lujo de mostrar procedmientos administrativos poco rigurosos de la pasada administración peñista. La adjudicación directa del proyecto arquitectónico que tanto se alabó en el sexenio peñista e incluso la contratación de Parsons, se hizo sin seguir rigurosamente las leyes de contratación para instancias federales.
Muchas de las acciones que generaron gastos al gobierno mexicano, se tomaron desde finales de 2017, cuando Andrés Manuel comenzó a consolidarse como un candidato a vencer en las elecciones. Una de estas acciones fue que el Grupo Aeroportuario aceptara juicios en instancias internacionales y fuera de lo establecido por las leyes mexicanas.
Más de 500 contratos (con 22 mil millones de pesos de por medio) fueron otorgados mediante adjudicación directa. Un anexo que no fue hecho público del contrato con Parsons incluía como asesores estratégicos a Alfredo del Mazo y a Alfredo Alías Ayub.
El daño patrimonial que deriva de todas las irregularidades descritas ayer en Palacio Nacional por Jiménez Espriú, serán entregadas a Función Pública para que proceda a las acciones respectivas.