Morena, el partido en el poder, no ha logrado este martes acabar con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. El Senado ha aprobado este martes en lo general una nueva ley de Educación, en el último día del periodo ordinario de sesiones y después de cuatro meses de estancamiento en el Legislativo, pero ha sido rechazada en lo particular por lo que tendrá que regresar a la Cámara de Diputados. La nueva ley elimina las evaluaciones para determinar la permanencia laboral de los profesores, pero mantiene gran parte de los lineamientos de la reforma anterior. La aprobación supone un triunfo simbólico para el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que hizo de la derogación de la reforma de su predecesor una bandera política desde la campaña y uno de los aspectos prioritarios de su agenda de gobierno, aunque no ha aplacado a los opositores más recalcitrantes al proyecto anterior, algunos miembros de su propia coalición.
La promesa de López Obrador a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que agrupa a unos 100.000 maestros disidentes, había sido "no dejar ni una coma" de la reforma de Peña Nieto. El alivio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que perdió las elecciones presidenciales de diciembre pasado, fue que la nueva reforma conservaba la mayor parte de la ley aprobada en 2013. El resultado final entre ambos extremos es ambiguo porque formalmente se aprobó una nueva reforma, pero se conservan varios puntos clave que mantienen la rectoría del Estado sobre la educación del país y que restan, de momento, influencia a la CNTE y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que concentra a 1,2 millones de maestros.
"Es una reforma mejor porque está orientada a la formación y no a la evaluación, pero es insatisfactoria porque no hace justicia a la vocación transformadora de este Gobierno, se queda muy corta en términos programáticos", afirma Manuel Gil Antón, investigador del Colegio de México. "Ni es la misma reforma de Peña Nieto ni es la reforma de Andrés Manuel, es otra cosa, la verdad está en medio", comenta Alma Maldonado, investigadora del Instituto Politécnico Nacional.
La reforma elimina, por ejemplo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un organismo autónomo encargado de evaluar el desempeño docente y abogar por mejorar la calidad en los servicios educativos del país. El INEE fue el blanco de las críticas de los opositores de la reforma anterior por fijar los parámetros de las "evaluaciones punitivas" a los docentes. La ley sustituye el concepto de calidad y habla de excelencia, y contempla que el INEE sea sustituido por un organismo que formalmente sea parte del Gobierno, pero que tenga recursos propios y autonomía de gestión. "El nuevo instituto mantiene sus funciones principales", señala Maldonado. El órgano formará parte del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y será coordinado por una junta directiva de cinco miembros que serán nombrados por el Senado por un periodo de siete años.
Otra de las novedades es que se establece que la educación inicial (de 0 a 3 años) sea obligatoria y que el Estado debe garantizar el acceso a la educación superior. Se deja asentado también que la educación tenga un carácter integral, inclusivo, multicultural y con perspectiva de género. En uno de los puntos más criticados —e inéditos en comparación con otros países— es que se incluye una lista de materias obligatorias en la Constitución: historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas y extranjeras, educación física y sexual, las artes ("en especial, la música"), entre otras. En el texto no se incluyen, paradójicamente, español y matemáticas.
"Estamos haciendo historia porque esta reforma reivindica a los maestros, pero también a las niñas y a los niños", ha defendido en la sesión Antares Vázquez, del gobernante Morena. "Esto abre las puertas a la corrupción y a la impunidad, hoy traicionan a la niñez mexicana", ha reclamado Guadalupe Saldaña, del conservador Partido Acción Nacional, el único grupo parlamentario que se opuso. La reforma ya se había aprobado el jueves pasado en la Cámara baja.
Con la aprobación de la reforma se cierra un capítulo político, pero se abre otro. Después de que 17 Congresos locales aprueben la reforma, se deben definir las leyes secundarias que determinarán los parámetros operativos y los cambios en el terreno de la nueva reforma. "Hemos estado mirando demasiado al Congreso y prestado poca atención a las escuelas, aún quedan muchas cosas por definirse", apunta Jennifer O'Donoghue, directora de la organización Mexicanos Primero.
Algunas de las principales incógnitas y preocupaciones de los especialistas son las funciones específicas de los nuevos organismos, las implicaciones laborales para los maestros y si los sindicatos —y las propias dependencias de Gobierno— volverán a tener influencia en la asignación unilateral de plazas y el pago de nóminas en la "letra pequeña" de la ley. Las miradas están puestas en el SNTE, que aglomera a la mayoría de los maestros del país y que ha esperado tras bambalinas durante la discusión de la reforma. "Nos declaramos aliados del presidente y nos ratificamos como su ejército intelectual", adelantó el fin de semana el secretario general, Alfonso Cepeda. Pero más allá de las palabras y las formas, la nueva reforma aún tiene varias pruebas pendientes. "Tendremos que esperar al menos un año para ver los efectos con las nuevas políticas", vaticina O'Donoghue.