Lo que ha realizado para “llamar a cuentas”, por presunto peculado, a exlegisladores, no han satisfecho al Congreso
El monopolio en el ejercicio de las pesquisas y de la acción penal está en esa dependencia: Sotelo
Los trabajos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción -cuyo titular es Juan Salazar Núñez-, para “llamar a cuentas”, por presunto peculado, a exlegisladores, no han satisfecho al Congreso local.
Lo anterior fue informado por el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, quien agregó que el monopolio en el ejercicio de las pesquisas y de la acción penal está en esa dependencia, que no ha dado resultados.
Asimismo, pidió que se transparente la actividad de la Fiscalía, “no a través de declaraciones ni de comunicados, sino de poder fincar responsabilidades”, lo cual sería “una actividad responsable por parte de ellos; de ganar y tener la certeza de que están trabajando de manera adecuada”.
El parlamentario negó que la denuncia presentada, por parte del Poder Legislativo, haya estado mal sustentada: “No hay un elemento de sustentabilidad de denuncias, cuando la obligación (porque así está dispuesto en la Constitución) es por parte de la Fiscalía”, de hacer las indagaciones que sean necesarias, derivadas de una declaración.
Y, en ese sentido, expuso que el Congreso ha aportado todos “y cada uno de los elementos que nos han pedido, para coadyuvar con la investigación”. Sobre la figura de la ex secretaria de Finanzas, dijo que la Fiscalía tiene la obligación de recabar los elementos indispensables.
Sobre la ampliación de las investigaciones, Sotelo Martínez comentó que la misma instancia pública tiene esa obligación; incluso, de llamar a otros congresistas anteriores, en caso de que estén inmersos en los ilícitos que dañaron las cuotas de los trabajadores ante el Instituto de Crédito del Estado.
Desde una perspectiva objetiva, indicó que los resultados son insuficientes, porque el presunto peculado no se ha castigado penalmente. Y urgió a esas autoridades a hacer la vinculación ante los entes idóneos. Así, la dependencia tendrá que determinar si Julio Espín Navarrete y Francisco Moreno Merino estarían involucrados. Ellos también fueron legisladores del parlamento número 53.
Es preciso recordar que la denuncia va contra quien haya malversado alrededor de 22 millones de pesos, lo que afectó el ritmo de cuotas de los empleados.