Por presuntas violaciones a la Constitución estatal que propiciaron un déficit en el proceso operativo del PJ
Ha incurrido además en el abandono o desatención injustificada de las funciones que le fueron encomendadas: Díaz
Leonel Díaz Rogel, doctor en Derecho, demandó imputarle juicio político a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas, por presuntas violaciones a la Constitución del Estado, que propiciaron un déficit en el proceso operativo del Poder Judicial.
Presente en el Congreso local, Díaz Rogel externó que el documento reúne los requisitos para su procedencia, en lo que en específico se denomina: “juicio de responsabilidad política”. Se aportan 57 pruebas y 28 anexos.
Asimismo, comentó que Cuevas López ha incurrido en “violaciones graves”, que han afectado el quehacer de magistrados, consejeros, jueces, secretarios, actuarios, oficiales, activos y personal en retiro. De igual forma, por el abandono o desatención injustificada de las funciones que le fueron encomendadas por mandato constitucional.
Agregó que la aludida cometió usurpación de atribuciones ante la falta de la instalación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial; ésta, por mandato, debió entrar en funciones desde el cinco de abril del 2018; empero, sigue al frente una comisión inexistente.
En ese sentido, el abogado agregó que ese órgano irreal carece de toda competencia para seguir en el ejercicio de las atribuciones y facultades que corresponden a la Junta.
Expuso que la instancia legislativa es competente para dar cabida a esta demanda. Y determinó que ésta está justificada, por: “Desde mi muy particular punto de vista, y ante los constantes señalamientos que los medios de comunicación han dado cuenta, consistentes en actos de impunidad, corrupción, arbitrariedad, abuso de autoridad, nepotismo, acoso laboral, usurpación de atribuciones, violación a los derechos humanos y fundamentales de pensionados del Tribunal Superior de Justicia…”.
Existen –acotó- siete causales de responsabilidad política, las cuales son por violaciones a la Constitución Política del estado, que trajeron como consecuencia “daños graves”, que motivaron “trastornos en el funcionamiento normal del Tribunal Superior de Justicia”. Y, al final, reiteró que la magistrada desatendió sus atribuciones, en términos generales.