Alejandro Gertz Manero dijo que el otro caso emblemático, la Estafa Maestra, que causó un daño patrimonial desde el poder público, se manejará como delito de Estado y delincuencia organizada
Al cumplir sus primeros 100 días como fiscal general de la República y tras un silencio de tres meses sobre las acciones emprendidas por la dependencia a su cargo, este lunes Alejandro Gertz Manero comunicó que dos de los casos más emblemáticos bajo la lupa de la justicia del país, como son Odebrecht y la Estafa Maestra, se judicializarán ante tribunales como procesos de delincuencia organizada y delito de Estado, respectivamente.
Gertz Manero dijo que sobre el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que extendió sus tentáculos de sobornos en América Latina y que alcanzó a México, confirmó que en un plazo no mayor de 60 días se llevará ante tribunal el proceso con un enfoque judicial y no político, y se hará bajo la premisa de que “fue una maquinación delictiva”.
Destacó que el caso Odebrecht es tan grave para la imagen de México y para su respetabilidad, que por ello se tuvo que reponer en buena parte ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente, toda vez que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que inició la investigación en 2017, no aportó ningún resultado.
El abogado de la nación se refirió al caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y principal implicado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por 10.5 millones de dólares.
El titular de la FGR también aseguró que todo implicado será llevado ante la justicia sin importar su jerarquía.
La empresa Odebrecht confesó a fines del 2016 en una Corte de Estados Unidos que pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para conseguir contratos de obras públicas entre 2010 y 2014.
PATRIMONIO. Sobre la Estafa Maestra, dijo que ésta causó daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 800 millones de pesos, y debió investigarse como delito de Estado, ya que el desvío de recursos no pudo ser sólo de 23 casos personales y aislados.
El fiscal recordó que el caso lo inició la exPGR en octubre de 2015 en donde acumuló 21 investigaciones independientes relacionadas con funcionarios de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social; dos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y otras de dirigentes de universidades públicas, asunto en el que hay cinco vinculaciones a proceso; dos audiencias pendientes y cuatro carpetas de investigación pendientes.
INDAGATORIA. “La FGR está reestructurando toda la investigación de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones cuantificó un daño a la nación con saqueos desde el poder público, desde la perspectiva de delincuencia organizada y que posiblemente fue encubierto todo por el Estado y que no pudo ser producto de sólo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros”, dijo el funcionario.
Asimismo, indicó que se llamará a declarar ante el Ministerio Público a quien sea necesario. De acuerdo con la FGR, 11 dependencias del gobierno federal de la pasada administración otorgaron contratos ilegales a 186 empresas, muchas de ellas fantasma, a través de universidades públicas que se encargaron de la subcontratación de servicios.