Son para extrabajadores del TSJ; tienen que autorizarlo y destinarlo en el ámbito de sus competencias
Se deriva de un mandato de la SCJN, a través de un Acuerdo de su Pleno, publicado el 4 de marzo pasado en el DOF
Son 135 millones de pesos los que los Poderes Legislativo y Ejecutivo tienen que autorizar y destinar, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que el Tribunal Superior de Justicia pague las pensiones vencidas de 116 extrabajadores, los cuales debieron iniciar controversias constitucionales a fin de lograr el cumplimiento de ese derecho.
El magistrado Manuel Díaz Carbajal explicó este martes que la cifra mencionada representa, en números redondos, la cantidad total que se debe pagar a esos 116 exfuncionarios públicos, información que fue proporcionada por el TSJ al Poder Legislativo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) así lo mandató, a través de un Acuerdo de su Pleno, publicado el 4 de marzo pasado en el Diario Oficial de la Federación, y del cual este medio informó en su momento.
En ese documento, la Corte reclamó a los tres Poderes del estado la falta de cumplimiento ante señalamientos previos del máximo órgano de justicia de la nación, el cual ordenó a cada uno de aquéllos distintas acciones hasta lograr el pago total a esos 116 exservidores, so pena de consignar al titular o titulares de los Poderes que incumplieran su indicación.
Derivado del Acuerdo de la fecha citada, el Poder Judicial morelense debía informar la cantidad que correspondía para el pago de los 116 expedientes correspondientes. En entrevista con El Regional del Sur, Díaz Carbajal aseguró que en lo que respecta al Poder Judicial del estado, en tiempo y forma se entregó al Congreso del estado la documentación respectiva, luego de haber realizado los cálculos correspondientes que arrojaron la cifra de 135 millones de pesos.
Dicha cantidad surge de la suma de 15 millones que previamente ya se habían autorizado para el fin en cuestión, mientras que 120 millones corresponden al resto, donde está incluida la mayoría de esas 116 personas que han estado en espera de su pago. Cabe notar que a ellas pueden sumarse siete más, que empezaron controversias similares posteriormente, con lo que se alcanzaría un total de 123.
El magistrado recordó que el Tribunal que él representa no estaba en posibilidades de pagar dichas pensiones, con el presupuesto asignado este año (como lo pretendieron Legislativo y Ejecutivo), pues no cuenta con partidas especiales para gastos de este tipo, como sí lo hacen los otros dos Poderes. Por ello, la SCJN determinó que el Congreso local debía autorizar una partida presupuestal especial para cumplir con dichos pagos, mientras que al Ejecutivo se le ordenó realizar las gestiones hacendarias conducentes para el mismo fin.
Será la Corte la que determine el cumplimiento de cada Poder y, en su caso, ordene las consignaciones que correspondan.