En ese sentido, acotó: “La avaricia de la anterior legislatura pensionó a familiares y amigos, con montos muy elevados y con documentos apócrifos”. Además, refirió que seguirán analizando estas presuntas deficiencias, para “hacer justicia”.

Asimismo, la congresista dijo que, aun cuando algunos involucrados se han amparado, eso no significa que lograron su cometido; se trata de acciones “momentáneas”, acotó.

Agregó que la serie de abrogaciones que han hecho “es un acto de justicia y responsabilidad de esta legislatura, y fuimos 14 diputadas y diputados los que echamos abajo estos decretos jubilatorios irregulares, con documentos que exhibieron, en su momento, quienes fueron merecedores de estas pensiones doradas”.

Recalcó que los expedientes se integraron con un contenido “apócrifo”, lo que demuestra un “tráfico de influencias”. Recordó que, en la primera etapa, se abrogaron 23 y “vamos por más”. Esto, hasta las últimas consecuencias, porque “… realmente, las irregularidades que cometió la anterior legislatura para beneficiar a amigos y parientes, es algo que sentó un precedente de impunidad, de corrupción y de molestia”. Añadió que es inconcebible “hacer mal uso del erario público (sic)”.

En su momento, el organismo “Morelos Rinde Cuentas” observó que hay una lista de jubilados y pensionados del gobierno estatal que representan una “pesada carga” al presupuesto anual; de una lista de cinco mil personas, 70 de ellas “gozan” de pensiones “doradas”, con ingresos -por sus supuestos servicios- de 37 mil hasta 128 mil pesos; en el caso del Ayuntamiento de Cuernavaca, también existe un apartado similar de una lista de mil 145 jubilados y pensionados; 30 de ellos ganan hasta 28 mil pesos, donde destacan exdiputados, exalcaldes y exregidores.

Informó que impera la desigualdad, porque hay gente -que es la mayoría- que está jubilada con 500, 800 y hasta mil pesos; mientras que otros tienen de cien, 80 y 50 mil