En un comunicado, la SFP señaló que la inhabilitación por 10 años al exdirector de Pemex fue resultado de un “cuidadoso procedimiento” de responsabilidades administrativas, en donde, entre otras cosas, se detectó que este servidor proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial y en dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.

En tanto que en el caso de Édgar Torres Garrido, la dependencia federal indicó que la sanción de 15 años se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal, donde, después de una investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón “se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario”.

En septiembre de 2018, la SFP informó que había abierto un procedimiento de responsabilidades por la presunta adquisición irregular de la planta industrial de Grupo Fertinal en 2015, a raíz de una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El pasado 27 de abril, en la refinería de Pemex en Minatitlán, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la compra de la planta de fertilizantes había sido “un gran fraude”, debido a que, señaló, primero había sido privatizada y después comprada por Pemex.

“Valía cuando mucho 50 millones de dólares, pagaron 500 millones de dólares. Compraron chatarra (...) resulta que se compra la planta de fertilizantes a un precio elevadísimo. Me platicaban que cuando estaban vendiendo, unos alemanes dijeron: ‘Sólo como chatarra’. Sin embargo, Pemex la compró como una planta que estaba operando. Por eso pagaron tanto y, además, han tenido que invertir y todavía hay una deuda de cerca de 500 millones de dólares más”.

En su cuenta de Twitter, Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, aseguró que estas sanciones derivaban de un gran logro de equipo por parte de la dependencia que encabeza,

“Un gran logro del equipo de la Secretaría de la Función Pública que hoy logra sancionar a altos mandos de Pemex de la administración de Peña Nieto”, escribió.

La SFP detalló que desde el 1 de diciembre hasta la fecha se han iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones, que van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales.

Además, se han aplicado 112 sanciones económicas, que suman un monto superior a los 656 millones de pesos.

Lozoya Austin se encuentra en la mira por otro caso, el de Odebrecht, donde se le imputa haber recibido 10.5 millones dólares de sobornos por parte de directivos de la empresa brasileña.

Anoche, Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, aseguró que su cliente recurrirá a un juicio de nulidad para echar abajo la decisión de la Función Pública de inhabilitarlo 10 años por presuntamente haber proporcionado información falsa en su declaración patrimonial y omitir una cuenta bancaria “que registraba saldos de cientos de miles de pesos”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el abogado señaló que “la confusión” derivó de una cuenta de inversión que la mamá del exdirector de Pemex abrió en 2010 y en la que lo puso como beneficiario. “Iremos a un recurso de nulidad. Tengo 45 días para hacerlo. Es una decisión inusitada, porque sencillamente la misma resolución dice que no hubo daño patrimonial”, dijo.

El pasado 6 de mayo, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que en dos meses se va a judicializar el caso Odebrecht debido a los presuntos sobornos de la constructora brasileña al hoy exdirector de Pemex.