En Morelos existen aún sujetos obligados renuentes a revelar datos (cuando es una responsabilidad constitucional); ante esto, Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), pidió mejorar el plan de acción hacia los más incumplidos: los partidos políticos.
En el marco de la instalación de la red local del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (DAI), expuso que la información es un instrumento de control democrático. Sin embargo, se debe "monitorear" el desempeño de la clase política, como una forma de “traerlos” a cuentas.
En el acto, que tuvo verificativo en las instalaciones del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Salas Suárez dijo que, además, se deben definir los planes de trabajo y, con ello, la “población objetivo”, con la finalidad de ampliar este derecho humano, que es el acceso a la información.
De igual forma, comentó que es “indispensable” reducir las brechas de desigualdad, al referirse que hay comunidades rurales en que no tienen acceso a esta canonjía. En ese sentido, externó que la democracia no ha resuelto esta carencia; de ahí la necesidad de vigilar el trabajo de los representantes populares.
Por su parte, Víctor Manuel Díaz Vázquez, comisionado del IMIPE, expresó que, cuando un ente niega información, se tramita un recurso de revisión, para obligarlo. En este momento, hay un cúmulo de recursos, al que se le está dando curso, conforme a la normatividad en la materia.
Asimismo, agregó que, en siete años, ha experimentado la transformación del Instituto, producto de una Ley de Transparencia, “… que obligara a los sujetos a entregar cuentas claras; hacer una rendición de cuentas precisa y contundente”.
Morelos, añadió, tenía un esquema legal avanzado, por lo que “No fue difícil”; sin embargo, acotó que se tuvieron que acoplar a los nuevos lineamientos, obligándolos a hacer cambios.
Cabe precisar que, de acuerdo a datos oficiales del 2017, sólo el Organismo Público Local Electoral es uno de los tres sujetos obligados en haber alcanzado la máxima calificación, de un total, entonces, de 178.
Entre la información que el OPLE tiene en la Plataforma Nacional de Transparencia, destacan las obligaciones comunes, como: presupuesto, cuenta pública, remuneraciones de los trabajadores, actas y acuerdos del Consejo Estatal Electoral.
De las obligaciones específicas, destacan: los listados de los Partidos Políticos; Asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad electoral; informes que presentan los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas; entre otras muchas más, que hacen un total de 118 formatos entre obligaciones comunes y específicas.