“Declaramos formalmente el fin de la política neoliberal, aparejada con su política económica de pillaje, antipopular y entreguista. Quedan abolidas ambas cosas”, dijo entre aplausos de su gente López Obrador a mediados de marzo, como si desde ese momento iniciase una nueva era, que denominó “posneoliberal” y cuyas ambiciones están reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde entonces, no obstante, las señales de los mercados han hecho saltar las alarmas sobre el futuro a corto plazo de la economía mexicana. Unas advertencias que desde el Gobierno se han tratado de disipar, cuando no de minimizar.
Como una “cachetadita” calificó Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia y el nexo de López Obrador con los empresarios, la contracción del 0,2% que ha sufrido la economía en el primer trimestre, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Si en los siguientes meses se mantiene el retroceso, México entraría técnicamente en un periodo de recesión, algo que Romo esta semana ha descartado: “100 a 1”, dijo en la jerga del apostador para asegurar que no ocurrirá. Las estimaciones de crecimiento no son nada halagüeñas para los vaticinios del empresario regiomontano: la OCDE ajustó en mayo su previsión, inicialmente del 2%, hasta situarla en un 1,6%, al cierra de 2019. El Banco de México, por su parte, ha recortado la expectativa de crecimiento y prevé que el PIB crezca entre un 0.8% y un 1.6%. Mientras López Obrador insiste en que llegará a la meta de un crecimiento del 4% de la economía en su sexenio, existe un análisis minucioso tanto de los organismos internacionales como de algunas instituciones financieras de que el desarrollo en México ha comenzado a estancarse.
La aspiración de crecimiento del presidente mexicano se topa con una realidad difícil de negar: un débil Estado de Derecho que garantice la seguridad de las inversiones, la abundante economía informal, y un rezago en la inversión en infraestructura. “México se ha convertido en un país rezagado en el mundo emergente. Crece menos que la gran mayoría de los países de la región”, apunta Carlos Serrano, economista jefe del BBVA Research.
El arranque de sexenio de López Obrador ha sido cuando menos convulso. En un contexto interno en el que las críticas por los recortes presupuestarios se disparan entre funcionarios de todo tipo, a nivel macroeconómico el país contiene el aliento ante la incertidumbre por la firma del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá —bautizado como T-MEC—, que no estará garantizado hasta que los Congresos de los tres países lo aprueben.
La relación comercial con Estados Unidos pasa uno de los momentos más delicados de la historia reciente. Donald Trump anunció este jueves que impondrá un arancel del 5% —que podría llegar hasta el 25%— como castigo a lo que, considera, una laxa política migratoria de México. De consumarse la amenaza, el mazazo para la economía del país latinoamericano sería enorme. Al mismo tiempo, los niveles de inversión privada se mantienen bajos y expectantes de las posibilidades que López Obrador puede ofrecer para sus negocios. “En este entorno es difícil para el sector privado tener una claridad sobre las políticas públicas relacionadas con la economía”, ahonda Serrano.
Las señales inquietantes no cesan ahí. El nuevo Gobierno ha cancelado la construcción del aeropuerto de Ciudad de México, que ya había avanzado un 30%, y López Obrador ha manifestado que para su plan de construcción de la Refinería de Dos Bocas las empresas privadas no serían necesarias. “Hay señales de que no se va a recibir más inversión privada en el sector energético”, añade Serrano. Al mismo tiempo, explica el especialista, hay indicios de que el Gobierno mexicano desea fortalecer la economía del país al mantener los equilibrios fiscales y al hacer una reforma laboral en los primeros meses de la administración.
Las advertencias no llegan solo de los analistas. El hombre más rico de México, el empresario Carlos Slim, aseguró recientemente que para que el país logre esa tasa de crecimiento se necesitarán niveles de inversión muy altos. En concreto, Slim incidió en que se requiere una inyección de capital privado de entre el 20% y el 22% del PIB, a lo que habría que añadir un 5% del Gobierno.
Sin el empuje de la iniciativa privada, el Estado mexicano tendría que aumentar significativamente la inversión en diferentes sectores para empujar el crecimiento económico. Su principal obstáculo es quizá la dificultad que durante décadas ha tenido de conseguir una recaudación fiscal significativa. México posee uno de los niveles más bajos de recaudación de impuestos de los países de la OCDE —un 14% del PIB— que se ha visto cristalizada principalmente por una economía sumergida en las que el 60% de los mexicanos trabajan en actividades informales. La OCDE ha hecho una propuesta lejos de los deseos del presidente mexicano: ampliar la base gravable en el IVA y en el impuesto sobre la renta. De momento, López Obrador ha prometido que dejara de condonar los adeudos fiscales de los que gozaba la iniciativa privada en los gobiernos anteriores.
Esta semana, el presidente mexicano recibió un bálsamo de la directora del FMI, Christina Lagarde, quien durante una visita a López Obrador lo felicitó por la aplicación de políticas fiscales prudentes y por su enfoque en impulsar el crecimiento inclusivo y reducir la pobreza, desigualdad y corrupción. La posibilidad de abordar una reforma fiscal es algo que confronta al presidente, partidario de no hacerla hasta que el sexenio esté avanzado, y su equipo económico, quien la llevaría a cabo cuanto antes. Sin subir impuestos y hacer que se cumplan las tasas actuales, es imposible, vaticinan los expertos, cumplir la agenda social de su Gobierno. En la carta de renuncia de Germán Martínez, el primer alto cargo que abandonó a López Obrador, el ya exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social criticaba contra la potente carga de austeridad del presidente.