La FGR informa que ambos sujetos tienen denuncias por pedir dinero a cambio de garantizar traslados a EEUU; la ONG acusa que captura de sus integrantes es arbitraria
El dirigente de Pueblo Sin Fronteras (PSF), Irineo “N”, y el activista de derechos humanos, Cristóbal “N”, fueron detenidos en Sonyta, Sonora, y en Xochimilco, Ciudad de México, respectivamente, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), por su probable participación en el delito de tráfico de migrantes.
La dependencia detalló que, en los meses de abril y mayo, personas de nacionalidad hondureña presentaron ante el Ministerio Público Federal (MPF) denuncias en contra de ambos, bajo el argumento de que a cambio de obtener diversas cantidades de dinero los acusados les prometieron internarse ilegalmente en el país para llevarlos a la frontera norte de México, y de ahí introducirse a Estados Unidos.
“Por las pruebas obtenidas, el representante social federal solicitó y le fue otorgada, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Chiapas, órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables”, señaló en un comunicado.
Con las órdenes otorgadas, policías federales ministeriales (PFM), adscritos a la Delegación de la FGR en Chiapas, los localizaron y posteriormente, los detuvieron este miércoles. A Irineo “N” por el delito de transporte de migrantes, con la agravante que dicha conducta se haya realizado respecto de niñas, niños y adolescentes; mientras que a Cristóbal “N”, por la introducción de personas a territorio nacional sin la documentación correspondiente.
En marzo pasado, la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que Pueblo Sin Fronteras organiza a las caravanas de migrantes centroamericanos que se trasladan por territorio mexicano rumbo a la frontera con la Unión Americana.
En redes sociales, la ONG señaló que la detención de sus líderes “es arbitraria, y representa represalia contra la importante labor de defensa de derechos humanos de migrantes, y por su gran esfuerzo por generar un México más justo y menos violento”.
Como parte de las exigencias de la liberación de los activistas, un grupo de embozados quienes dijeron pertenecer a organizaciones defensoras de derechos humanos se manifestaron frente a la sede de la FGR en punto del mediodía.
En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló las cuentas de diversas personas físicas y morales que presuntamente participaron en el tráfico de personas.
La UIF identificó que un grupo de sujetos durante el paso de las caravanas por el país, realizó desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Las transferencias se hicieron desde Querétaro a Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.
Por ello, relacionó los pagos provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, EU e Inglaterra con el tráfico de migrantes y se bloquearon las cuentas de 26 probables responsables.