El máximo responsable del estado mexicano en apoyo y atención a las víctimas, Jaime Rochín, ha dimitido este viernes después de casi seis años en el cargo. Rochín dirigía la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, el órgano descentralizado del Gobierno que se encarga de acompañar a los ciuadanos en los procesos de reparación del daño. Sin entrar demasiado a detalle en los motivos que le han llevado a renunciar, Rochín ha dicho que "es momento de que la política de atención a víctimas sea asumida desde una nueva visión". El responsable de CEAV también le ha mandado un recado al presidente, Andrés Manuel López Obrador: "Se requiere reforzar los mecanismos institucionales que las atienden; no diezmarlos, obligando a racionar el modesto apoyo que hoy reciben".
Le crecen los problemas a López Obrador. El presidente, de gira en Baja California, ha recibido en la misma semana la reprimenda de dos de las principales figuras estatales en materia de protección de derechos humanos. El lunes, el ombudsman, Luis Raúl González, criticó la cancelación del evento anual en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le entrega su informe al presidente. Era la primera vez que ocurría en 29 años. Más allá del enfado por el desplante del mandatario, González recordó que no se trata de un acto meramente formal, sino que "el encuentro abría un espacio directo para reflexionar sobre los retos y situaciones que demandaban atención especial para el año en curso".
Ahora es Rochín quien levanta la voz, en su caso para dejar definitivamente su puesto, decisión que se hará efectiva el 15 de junio. De momento no ha habido reacción por parte del Gobierno. En Twitter, la senadora Citlalli Hernández, voz poderosa en la bancada de Morena, ha celebrado la dimisión de Rochín: "Aunque alude diversas razones, la realidad es que víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos, evidenciaron su ineficiencia y negligencia. Frente a la nueva voluntad política y los grandes pendientes en atención a víctimas, la CEAV amerita una persona titular a la altura del momento".
En una carta enviada a López Obrador, Rochín ha criticado las medidas de austeridad tomadas por el Gobierno. "Se necesita fortalecer al equipo de personas asesoras jurídicas y bien pagadas, en lugar de debilitarlo con medidas administrativas que devienen en la reducción de calidad de la atención de los casos y, por ende, en el agravamiento del complicado camino de las víctimas hacia la justicia".
El responsable de la CEAV ha recordado algunos de los logros de la Comisión en los últimos años. "El trabajo de la Comisión Ejecutiva detonó importantes procesos que abonan al descubrimiento de la verdad y la preservación de la memoria, caso de la reparación colectiva efectuada a las víctimas del Movimiento del 68 y a las víctimas de la Guerra Sucia y los estudios realizados de mano de las víctimas de Allende, Coahuila y San Fernando, Tamaulipas". Enmarcaba así Rochín los puntos clave de su gestión, de la represión del movimiento estudiantil en las décadas de 1960 y 1970 y la persecución y el aniquilamiento de los grupos revolucionarios en Estados como Guerrero, a los crímenes cometidos por los grupos criminales en el marco de la guerra a la delincuencia de Felipe Calderón entre 2006 y 2012.
Rochín solo ha escrito tres nombres propios: Lydia Cacho, Jorge Mercado y Javier Arredondo. Con los tres se ha disculpado el Estado mexicano este mismo año, por los crímenes que las instituciones cometieron con ellos. Cacho fue víctima de tortura psicológica, tocamientos y amenazas de muerte, después de la publicación de un libro, Los Demonios del Edén, que denunciaba una red de trata y explotación infantil en el Estado de Quintana Roo. En enero, el Estado le pidió perdón. En el caso de Mercado y Arredondo, las disculpas fueron dirigidas a sus familias. En marzo de 2010, militares del Ejército mexicano los asesinaron en el Tec, en Monterrey, una de las universidades más prestigiosas del país. El Ejército trató de hacer pasar sus asesinatos por el resultado inevitable de un enfrentamiento, pero el tiempo y las investigaciones les quitaron la razón. Hace un para de meses, el Estado pidió perdón.
Rochín se va y el Senado deberá elegir a sus sustituto. Está por ver qué perfil escogen y cómo asume las políticas de austeridad que impulsa López Obrador desde Palacio Nacional.