Recién, la legisladora priísta, Rosalina Mazari Espín informó que dos municipios (Cuautla y Jiutepec) habían solicitado auditorías a las administraciones anteriores; Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido del Trabajo, negó el suceso.
La petista dijo que en ningún órgano: Junta y Conferencia, se tiene conocimiento de esta información; por tanto, desmintió lo expresado por su homóloga. Asimismo, expuso que no se van a practicar tales “auditorías especiales”.
De igual forma, mencionó que, a ninguno de los integrantes de la comisión respectiva, se les ha entregado “… siquiera las supuestas solicitudes de los actuales alcaldes; por lo mismo, no hay dictamen al respecto”. Externó que, en torno a la corrupción que “pesa” sobre algunos ex presidentes municipales (en específico, Jojutla y Jiutepec), señaló que “no tolerará que queden impunes ninguno de los presuntos delitos o desviaciones que se detecten en el programa anual de auditoría”.
Además, acotó que el Congreso se apegará al marco normativo vigente, donde expresa que, para que proceda una auditoría especial, “… debe haber un dictamen previo, aprobado primero por la Comisión”; siempre y cuanto, éste “esté debidamente fundado y motivado”. Así, el documento se conduciría al Pleno, “para su discusión, aprobación o rechazo, según cada caso”.
La congresista conminó a sus homólogos a “no adelantar vísperas” en ningún caso, “para que siempre se respete el debido proceso”.
En aquellas declaraciones, que la priísta vertió a la opinión pública, a través de la prensa, hizo hincapié en que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), que está acéfala desde noviembre del año pasado, presenta un rezago de alrededor de ocho años. Utilizó el adverbio “Impresionante”.
Y confirmó que dos municipios: Cuautla y Jiutepec, solicitaron la ejecución de auditorías especiales, hacia las administraciones anteriores. En el caso de la comuna de la zona oriente, específicamente para auditar los tres años del sistema de agua potable. En ambos, se presume “desvío de recursos”, recalcó.
Entonces, adujo que se están revisando –apenas- documentos del 2011, correspondientes a la capital del estado.