No hay delito qué perseguir por supuesto financiamiento de Odebrecht a EPN en 2012 pues ilícitos electorales prescribieron; FEDE cerró caso.
Por los hechos de 2012, la Fiscalía investigaba a Emilio Lozoya, en ese entonces coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña, y a la hoy senadora Nuvia Mayorga Delgado, ex titular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del PRI.
“Se acuerda la prescripción de la acción penal respecto de las conductas señaladas como probablemente constitutivas de algún delito electoral, de los previstos y sancionados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal, que pudieron haberse suscitado con motivo del proceso electoral 2011-2012”, dice el acuerdo suscrito el pasado 3 de junio por el fiscal Valdemar González Ramírez y entregado a la juez federal Luz María Ortega Tlapa.
El Caso Odebrecht comenzó a investigarse en la FEDE por una denuncia que el PRD presentó el 16 de agosto de 2017, a raíz de la difusión de los testimonios de ex directivos de la firma brasileña que aseguraron haber sobornado a Lozoya.
Según el documento firmado por el fiscal González Ramírez, hoy se sabe que esos pagos ilícitos fueron por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, de los cuales 7 millones 856 mil 433 dólares se depositaron del 20 de abril al 27 de noviembre de 2012 y los restantes 5 millones de dólares, del 3 de diciembre de 2013 al 17 de marzo de 2014.
La primera parte se habría entregado precisamente para la campaña de Peña Nieto y el resto presumiblemente a cambio de los contratos de la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tula, Hidalgo.
El pasado 30 de mayo el Tercer Tribunal Colegiado Penal ordenó a la FEDE resolver la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAICDMX/0001139/2017, abierta por delitos electorales.
En relación a la prescripción, el tribunal instruyó a la Fiscalía contar el plazo a partir del 20 de abril de 2012, cuando Odebrecht presuntamente hizo el primer depósito por 250 mil dólares a una offshore que estaría vinculada con Lozoya.
En cumplimiento a este mandato, el 3 de junio la FEDE determinó que, debido a que el plazo de prescripción de los delitos electorales investigados es de 5 años, las conductas penales de 2012 ya estaban prescritas y no pueden ser castigadas.